Nos llamaban imprudentes

EDGARD BELLOMO

 

Desde tiendas oficialistas nos aconsejaban a no convertirnos en el eco de las denuncias que realizaban algunos reclusos y que nos hacían llegar, en forma casi permanente, familiares de los mismos.

Se nos reprochaba por darle estado público –cosa que no hacíamos habitualmente, a pesar de que muchas personas tengan una percepción diferente– a denuncias que no estaban debidamente probadas y, agregaban, carecían de veracidad.

Hasta hubo compañeros de nuestra propia fuerza política que nos alertaban acerca de que nos veían aparecer públicamente como los defensores de los presos y que eso no era justo, además de inconveniente.

La verdad es que, al menos nosotros, los diputados frenteamplistas que integramos la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Representantes, no hicimos jamás otra cosa que no fuera actuar con responsabilidad, como corresponde.

Ante cada denuncia que considerábamos grave (y señalo esto porque más de una vez postergamos o «dejamos correr» sencillamente alguna otra porque priorizábamos y no podíamos estar eternamente en la misma postura) poníamos, de inmediato, en conocimiento a las autoridades competentes; es cierto que en más de una oportunidad hicimos pública la situación y eso era cuando el planteo era precedido de varios informes coincidentes que nos llegaban por diferentes vías, algunas de las cuales nos merecían confianza.

Nunca actuamos de manera irresponsable.

Recuerdo que sobre fines del mes de marzo di a conocer públicamente una carta que firmaban 26 reclusos, aclarando que el intento de fuga ocurrido en el Comcar durante la madrugada del viernes 8 de ese mes, había sido fraguado por algunos guardias. Lo hice después de poner en conocimiento al señor ministro y pasados diez días de haberlo hecho lo hice porque no había obtenido respuesta y porque era una hipótesis a considerar –así lo expuse, en ningún momento dije: esto fue así– y se oyeron varias voces, algunas de ellas categóricamente señalaban que no debíamos creerle a esos antisociales.

Hoy creo que ya nadie puede catalogar de «descabellado» el contenido de aquella carta.

A través de la prensa y en base a lo averiguado y actuado por la Justicia, ha trascendido que algún túnel que sirvió para prolongar sanciones y que significó sufrimientos injustos e injustificados a muchos reclusos, no tenía como finalidad la de conducir a aquéllos a la ansiada libertad precisamente.

Que el Poder Judicial haya encontrado mérito para procesar a algunos funcionarios pertenecientes al instituto policial parece demostrar que no estábamos tan errados.

El hecho de que los mismos hayan sido jerarcas de la Dirección de Cárceles constituye, al menos para mí, un agravante que debe llamarnos a reflexión profunda, sobre todo a la hora de decidir en quiénes confiaremos la custodia de los detenidos, con qué criterio la encararemos y con qué metodologías los vamos a tratar.

Hemos reiterado, hasta el cansancio, que en este marco de hacinamiento, de falta de higiene, de promiscuidad y de violencia –interna y externa– era impensable la rehabilitación de los reclusos.

La presencia de drogas, alcohol y otros elementos prohibidos, nos hace suponer que algo está fallando y establecemos dos posibilidades que hablan mal –cualquiera de ellas– del control que ejerce la guardia. Para nosotros se trata de negligencia o complicidad; no se nos ocurre otra explicación, aunque pueda haberla.

Seguimos creyendo que la rehabilitación es imprescindible y también posible. Es seguramente la mejor garantía que podamos tener los que estamos «afuera», las potenciales víctimas del mañana y es también, ante todo, un derecho consagrado en el Art. 26 de la Constitución y que debe cumplirse.

Más allá del delito cometido, el preso conserva sus derechos, salvo el de la libertad ambulatoria y algunos otros derivados de su estado de reclusión, como ser el ejercicio del voto.

Nadie tiene derecho a infligir castigos que no dicten la Constitución y las leyes. Pero además de injusta y aberrante, esa costumbre del golpe, del abuso, de la humillación, está probado científicamente que no da buenos resultados.

Resulta que hay gente que confunde los «golpes» de la vida con las cachiporras y «a los palos» no se aprende.

Pero no debemos olvidar que en nuestras cárceles hay algunos inocentes que aunque constituyan una minoría, deben importarnos y mucho. Son los que, como decimos comúnmente, terminan «comiéndose un garrón».

Si además de encerrarlos, de estigmatizarlos, los mandamos al infierno (y todos en Uruguay sabemos que no exagero) estaremos pecando por partida doble. Y ¡atención!: a cualquiera le puede pasar.

Lamento que siga sin aprobarse un proyecto de ley que procura la realización de exámenes para detectar y prevenir enfermedades infecto-contagiosas al ingreso de cada procesado a su establecimiento de detención. No lo propusimos para discriminar, sino para evitar lo evitable y proteger a los que ingresan sanos y salen generalmente infectados. El propio Ministerio de Salud Pública reconoció su viabilidad y no estableció reparos, de modo que aguardo su inmediata aprobación.

Para finalizar estas reflexiones, quiero señalar lo que considero rescatable, positivo, de todo lo que ha pasado con estos procesamientos y renovación de autoridades.

Lo más importante, a mi modo de ver, es que se puede.

Creíamos que siempre, al final de la película, ganaban los malos y que no había con qué darles. No es necesariamente siempre así. Esto constituye una luz de esperanza y presumo que se trate del comienzo de una etapa más que del fin de otras.

Aguardamos más novedades en este sentido, porque las indagatorias continúan y la Justicia sigue sus actuaciones.

Lo menos importante, pero que siento no debo silenciar, es la íntima tranquilidad de saber que no estábamos locos ni éramos irresponsables. En realidad, ahora sabemos que no estuvimos solos y eso nos reconforta.

No se trata de venganzas ni de revanchas. Se trata, pura y exclusivamente, de verdad y de justicia.

De Derechos Humanos. *