Caiga quien caiga

RAUL OLIVERA

 

A partir de las declaraciones infelices de nuestro primer mandatario «off the record», estuvo en el tapete la función del periodista y los medios de difusión. Poco después, a partir de la publicación por parte del semanario Brecha de los movimientos bancarios de determinados personajes políticos, se volvió a plantear otra dimensión de la misma problemática. Más cerca aun en el tiempo, la «censura» a un programa argentino (C.Q.C); el levantamiento temporal del programa de Mirtha Legrand, por incluir declaraciones de una parlamentaria argentina relacionadas a determinados políticos uruguayos; y el de programas de Jorge Gestoso en CNN, volvieron a replantear una problemática que hace a una de las esencias de la vida democrática.

Los periodistas (trabajadores dependientes económicamente de los propietarios de los medios de difusión) logran determinada «materia prima» que, materializada en información impresa, visualizada o hablada, se transforma en «noticia».

Hace muchos años, en los primeros del primer gobierno democrático, el entonces presidente Sanguinetti decía que aquello que no aparecía en la pantalla de la televisión, no existía. La vinculación existente entre lo que sale en la televisión, las radios y los medios escritos, y la posibilidad — muy cierta y usada– de que determinada información no llegue a transformarse en noticia, pone en manos de los dueños de los medios de difusión un aspecto muy importante de la construcción de nuestro pensamiento, de nuestras conductas, de nuestras decisiones. Si esa repetida práctica de determinados medios, de decidir lo que debemos saber, oír, escuchar o ver, constituye una afrenta a una libertad democrática esencial; y más lo es si pensamos que determinados medios (radiales y televisivos), son de nuestra propiedad y por ello los administra el Estado.

Hace pocos días, en la Argentina, a raíz de una demostración de trabajadores desocupados, se produjeron incidentes que concluyeron con la muerte de dos manifestantes. Si determinados periodistas no hubieran registrado lo que verdaderamente había acontecido en esa oportunidad y el medio periodístico no lo hubiera hecho público, seguramente los policías asesinos serían hoy las «víctimas», y los desocupados argentinos, doblemente víctimas, objeto de una brutal ofensiva represiva.

La «cultura mediática», a lo que otra parte de la práctica informativa nos viene acostumbrando, seguramente a la hora de pensar estos temas nos lleva a no incorporar que en mayo de 1993, en oportunidad en que los trabajadores de COFE realizaban una manifestación frente al Palacio Legislativo, fueron objeto por parte del cuerpo de Coraceros a caballo de una salvaje represión. Los bastonazos y sablazos quedaron registrados por las cámaras de televisión de Canal 4. El entonces conductor de los informativos de dicho canal, Jorge Arellano, democratizó esas imágenes, y eso le costó su trabajo en el canal.

En 1989, cuando todos los uruguayos nos aprontábamos a tomar una decisión de las más trascendentes que hemos tomado en los últimos tiempos de nuestra historia –nos referimos al referéndum contra la Ley de Caducidad–, los canales uruguayos decidieron que el mensaje de Sara Méndez no debía ser incorporado a la información con la que debíamos contar a la hora de votar aquel 16 de abril.

Esta política de ocultamiento, de la no verdad o la verdad a medias, tiende por otra parte a extenderse a otros aspectos de nuestra vida. Sobre uno de esos aspectos, en otra oportunidad y de manera más extensa y específica, nos vamos a ocupar.

Sin embargo, vamos a concluir estos comentarios con uno de esos aspectos que mucho tienen que ver con la construcción de nuestras opciones en la vida democrática. Esa problemática está ubicada en los programas de los partidos políticos y las promesas que nos hacen a la hora de pedirnos el voto. Sería una práctica sana que a esos Programas y a esas promesas, al igual que a otros productos que consumimos, fuera obligatorio ponerles una fecha de validez: «consumir antes de tal fecha». Sería esta una nueva y eficaz forma de protegernos como «consumidores», de «programas» y «promesas», y no ser objeto de la impunidad de decirnos que harán una cosa y luego hacer otra. *