La verdad se abre camino

Más de una vez hemos dicho desde estas páginas que si en nuestro país no se avanzaba resueltamente en las investigaciones acerca de los hechos delictivos ocurridos durante la dictadura, tarde o temprano, el Uruguay se enteraría de la verdad a través de documentos «desclasificados» en otro país o por el testimonio de algún «arrepentido» de tal o cual fuerza que intervino en las acciones represivas coordinadas en el Plan Cóndor.

La hipótesis de ese singular camino hacia la verdad, que sería en definitiva bastante triste para el país y lo señalaría como incapaz de convivir con sus propias realidades y sus dolorosas verdades, parece insinuarse cuando desde los Estados Unidos varias agencias de inteligencia y espionaje como el FBI, la CIA y otros servicios, comienzan a difundir por Internet información confirmatoria de muchas de las denuncias que se han venido realizando a lo largo de estos años por parte de organismos de derechos humanos, prensa independiente y organizaciones sociales y políticas.

En este sentido, la calma de los impunes ha sido nuevamente alterada ayer, cuando el diario bonaerense La Nación da cuenta de la aparición en dependencias del Ministerio del Interior de materiales de archivo de los servicios de seguridad durante el período de la dictadura.

El abundante material documental fue hallado en una bóveda del edificio que antiguamente ocupara el Banco Nacional de Desarrollo y que –desde hace unos años– ha pasado a la órbita del Ministerio del Interior.

El funcionario que encontró la papelada puso en conocimiento del ministro Federico Storani, quien valoró el hallazgo y expresó: «Todo lo que aporte a la verdad y ayude a no perder la memoria sirve para consolidar la democracia».

Y, efectivamente, en el archivo ahora recuperado aparece documentación que hace a la situación de los derechos humanos no sólo en Argentina sino también en nuestro país: un archivo da cuenta de la conversación del presidente de facto en 1976, Alberto Demichelli, con el embajador uruguayo en Buenos Aires.

Según los documentos enviados al general Albano Harindeguy, con copia para el general Jorge R. Videla, el presidente uruguayo da instrucciones al embajador para que, ante una misión humanitaria de abogados del Movimiento de Juristas Católicos, «no proporcionar absolutamente nada a los abogados».

La misión fue una de las tantas que llegaron a estas regiones enviadas por organismos de derechos humanos de Europa, con respaldo de amplios sectores de la Iglesia, los partidos y la prensa europea.

Entre los documentos encontrados aparecen numerosas cartas de la Cruz Roja Internacional con pedidos sobre presos y desaparecidos y reclamando mejores condiciones en las cárceles. Las «fichas» tienen anotaciones manuscritas sobre sus estados procesales y el «grupo» en el que estaban clasificados: «posiblemente adaptable», «indefinido» y «resistente».

Como señala bien el diario argentino: «Lo más importante que surgió de la vieja bóveda es su valor como prueba de que archivos de la represión de la última dictadura militar pueden sobrevivir dos décadas en rincones abandonados de la burocracia estatal.»

El voluminoso acopio encontrado no ha sido todavía examinado ni por las autoridades ni por los organismos especializados de Argentina.

Pero vale la pena constatar que la actitud con que, según se informa, asume el hecho el jerarca del Ministerio del Interior, es la de valorar el hallazgo como una contribución posible para el conocimiento de la verdad.

Y así como ocurrió con los documentos que se anunciaron difunde Washington, el gobierno debería reclamar se le envíe copia de la documentación que refiere a situaciones de ciudadanos uruguayos.

Ese camino institucional y entre estados nos evitaría tener que enterarnos por la prensa de tal o cual tramo de la historia de nuestro país, hasta ahora mantenida en secreto.