La imperiosa necesidad de transparencia

Las declaraciones del director de Aduanas, Víctor Lissidini, recogidas por LA REPUBLICA en su edición del viernes 28, desataron una explicable tormenta. La revelación de la existencia de una mafia del contrabando que afirma haber colaborado en el financiamiento de todos los partidos políticos produjo reacciones airadas de todos los sectores, quienes coincidieron en reclamar del jerarca datos precisos y concretos como forma de no quedar todos los partidos al barrer en un mismo saco de corrupción. También hubo coincidencias respecto de la necesidad de elevar a la Justicia todo lo informado por Lissidini.

Nadie puede mostrarse sorprendido de que haya grupos poderosos que manejan los hilos del gran contrabando. Pero si un ciudadano –y especialmente si ese ciudadano ocupa un alto cargo en la Administración– conoce a las personas que están en la cúpula de esa organización delictiva, tiene el deber legal y moral de denunciar el hecho ante la Justicia so riesgo de caer en el delito de encubrimiento. No puede razonablemente aducirse que no se dispone de pruebas o prejuzgar que no las habrá, pues ello es de resorte exclusivo del juzgado que eventualmente deba ocuparse del caso. El juez que entienda en el asunto deberá estudiar la prueba y determinar si ella amerita la iniciación de un proceso penal, pero nadie puede desistir de presentar una denuncia porque desconfía de la contundencia de la prueba. El magistrado es el único que tiene potestades para evaluar la prueba, y ese magistrado judicial deberá asimismo contar con el apoyo y la colaboración irrestrictos de todos aquellos que puedan aportar datos al respecto.

Por otro lado, la acusación al barrer de que todos los partidos que funcionan en el país han recibido colaboraciones monetarias de organizaciones delictivas, si bien no proviene del jerarca en cuestión sino que éste reprodujo lo que miembros de esa organización le confiaron, causó hondo malestar entre representantes y dirigentes políticos.

No nos corresponde a nosotros suscribir o negar tamaña acusación ni aventurar nombres de supuestos dirigentes que habrían aceptado el dinero espurio. Pero sí debemos advertir sobre lo peligroso que resulta englobar a todos los políticos en una acusación de tal envergadura. Es cierto que el ordenamiento jurídico no cuenta con una legislación sobre financiamiento de los partidos y que hay varios proyectos a estudio del Parlamento; pero ello no habilita a atribuir esas prácticas de corrupción indiscriminadamente a todos los partidos.

Más de una vez nos hemos ocupado del tema. La denostación sistemática e indiscriminada de la clase política sólo sirve a intereses antidemocráticos. El desprestigio del sistema y de las instituciones es el abono perfecto para que prosperen las soluciones autoritarias, porque cuando cae la credibilidad que los conductores necesariamente deben tener a los ojos de la población, el desánimo y el descreimiento operan como un factor propicio para aceptar el apartamiento de la legalidad.

En momentos en que las denuncias contra el director de Cárceles desembocaron en su procesamiento por abuso de funciones –con lo cual es posible que la administración de justicia recobre su alicaído prestigio– se impone que la cristalinidad, la honradez y el sinceramiento prevalezcan en el quehacer político de modo de dar una señal positiva a la sociedad.

Que se identifique a aquellos cuya conducta está en tela de juicio es la única forma de evitar los ataques y acusaciones masivos e indiscriminados contra toda la clase política. *