Rectificar el rumbo de un modelo agotado

Hace pocos días, el doctor Batlle –en reunión con los intendentes– lanzó la idea de reformar el sistema político-institucional. Habló de una reorganización administrativa y de la posibilidad de implementar un régimen parlamentario con la figura del primer ministro.

Independientemente del desacierto de pensar en una reforma constitucional cuando el país es azotado por una crisis sin precedentes y requiere medidas urgentes que apunten a destrabar la situación, la insólita propuesta presidencial parece apuntar más bien a desplegar una acción de distracción. Nadie puede sensatamente sostener que las dificultades que enfrenta el gobierno se deben al sistema institucional que consagra la Constitución actual.

Salvo en casos excepcionales, achacar los males del país al texto constitucional es un recurso casi pueril que no hace sino esconder la verdadera etiología de la crisis. Pretender que el país logrará el bienestar de sus ciudadanos al pasar del presidencialismo al parlamentarismo parece más bien una broma digna del espíritu jocoso y chacotón de nuestro primer mandatario.

En muchas democracias europeas coexisten un jefe de Estado y un jefe de gobierno. Este último debe contar con apoyo parlamentario, al igual que su gabinete, y debe someterse a los controles que el Parlamento disponga, rindiendo cuentas de su gestión y estándose a su veredicto.

Pero en el caso de nuestra realidad política actual, nadie duda de que el Presidente de la República (jefe de Estado y de Gobierno a la vez) cuenta con el apoyo parlamentario que se exige en los sistemas parlamentaristas. En efecto, si bien la oposición progresista fue mayoría en octubre de 1999, el acuerdo entre las dos colectividades tradicionales le ha permitido al doctor Batlle no sólo derrotar al doctor Vázquez en el balotaje y acceder al gobierno, sino también contar con la mayoría en las Cámaras; de manera que no hay excusa posible tras la cual escudarse para explicar el fracaso de su gestión.

Ahora bien, la composición actual del Parlamento (con mayoría absoluta adicta al Ejecutivo) probablemente ha dejado de ser realmente representativa del sentir de la población luego de algo más de dos años de gobierno. Y eso explica la preocupación y el temor de la coalición frente a los recursos de referéndum en marcha. Porque esos recursos de democracia directa son los que permiten al soberano reasumir su autoridad y rectificar las decisiones de sus representantes, con lo que las mayorías legislativas dejan de ser una garantía para la gobernabilidad cuando dan la espalda al clamor popular.

A esta altura parece claro que la gestión del ministro Bensión –y de todo el equipo económico– no cuenta con la aprobación de la ciudadanía. Y ese rechazo (inmedible pero palpable) debe ser percibido no sólo por la oposición encarnada en el EP-FA y el NE sino también por algunos dirigentes nacionalistas e incluso por legisladores y cuadros del Coloradismo.

Ante la inacción de la dirigencia política, la sociedad busca otras alternativas y se organiza al margen de los partidos. De ello es prueba la Concertación para el Crecimiento donde la conjunción de intereses de asalariados y empresarios significa un contundente llamado de atención de la sociedad civil al gobierno.

La eventual renuncia de Bensión y del equipo económico no resolverá mágicamente la crisis del país. El cambio del personal gubernamental no implica necesariamente la solución a los problemas, pero el hecho sería percibido como una señal de sensibilidad de parte del gobierno y del sistema político en general. Sería un primer paso positivo hacia la tan necesaria modificación del rumbo económico reclamada por las grandes mayorías. *