Malas palabras
Nuestra generación está comprobando cómo se está transformando el significado de varias de las palabras utilizadas en nuestro idioma español.
Fuimos enseñados a comprender que «trabajo, obrero, empleado, gremio, jubilado», representaban la manera decente en que la mayoría de la población se distinguía por la actividad que desarrollaba.
Hasta el siglo pasado se consideraba que un trabajador, un obrero o un empleado eran personas que efectuaban diferentes labores, fundamentales para el progreso de nuestro país.
Sin embargo, desde algunos años atrás, se inició una costumbre mundial que desprestigió todo vocablo relacionado con la individualización del salario dependiente.
La globalización ha descartado toda preferencia al mencionado espécimen societario, incentivando una cada vez más pronunciada separación entre patrón y obrero, hasta el punto de investigar minuciosamente cada detalle que soslaye una conquista laboral ya afianzada.
El cumplimiento sacramental de las decisiones internacionales ha sido una característica bien elocuente de los últimos gobernantes uruguayos.
Con un mandatario que se ufanó por nunca haber perdido una huelga, hasta el actual que nos importó un sistema chileno para que nadie pueda jubilarse en el futuro, fuimos comprobando dolorosamente cómo se ha tratado de alejarse lo más posible de esos vocablos satánicos.
Nos resulta asombroso considerar el tratamiento que, por ejemplo, le han dado los titulares del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social a la esencia de la actividad de dicha cartera. Hemos comprobado el permanente fracaso de los litigios laborales, resultando esporádicos los acuerdos obtenidos.
La eliminación de los Consejos de Salarios ha sido otro motivo destructor de la seguridad laboral y la periodicidad de sus retribuciones. El invento de las unipersonales ha sido otro mazazo para la incidencia gremial en el ámbito laboral. La ausencia de inspecciones ha permitido que las patronales actúen libremente, utilizando el mercado negro como arma disuasiva para sus permanentes infracciones.
La contradicción se constata diariamente; una cosa es el discurso que escuchamos de las diferentes autoridades y otra es la realidad que enfrentamos todos los días. En setiembre pasado, el presidente del BID, nuestro compartriota Enrique Iglesias, manifestaba que: «Ninguna organización puede garantizar a nadie el empleo de por vida, pero se puede esforzar creando empleabilidad por medio de la educación pemanente».
En octubre del 99, la ex ministra de Trabajo, doctora Ana Lía Piñeyrúa, expresó que: «Había una situación controlada del problema del empleo». Dos opiniones jerárquicas que se contradicen por las irrebatibles viviencias comprobadas en cadena. El propio Instituto Nacional de Estadística y Censo difundió que el 40% de la población económicamente activa tenía algún problema de empleo, estaba desocupada, subempleada, precaria o informal, que el 25 % de los jóvenes estaba desempleado. En Flores el índice marca el 42%, en Soriano el 36%, en Río Negro el 34%, en Treinta y Tres el 33%, en Canelones el 26% y en Montevideo el 25%. Y otra evidencia incontrastable ha sido la cifra de que más de 23.000 trabajadores han pasado por el seguro de paro en el año 1999.
El nuevo gobierno piensa mantener el mismo criterio y ya nos empaqueta una «Ley de Urgencia», está sí, verdadera Caja de Pandora, con una serie de medidas que incrementarán el desempleo, acentuando la conflictividad laboral en lugar de protegerla o solucionarla.
Modificar las condiciones de la primera industira láctea del Uruguay (Conaprole), verdadero ejemplo latinoamericano, o enterrar una organización como ANSE, que controla el movimiento portuario, u otras iniciativas como querer afectar la funcionalidad tanto de Antel como de UTE, ingresando subrepticiamente disposiciones enfocadas hacia la privatización tan ansiada.
Deberemos enfrentar con firmeza este rechazo a los términos emblemáticos que caracterizan la actividad laboral. El trabajo es dignidad y nuestro gobierno debe defenderlo, buscando la mejor solución para todos los compatriotas. No hacerle tanto caso a opiniones foráneas y apoyar todo lo que signifique bienestar para la mayoría de los uruguayos.
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