Una maniobra artera para escamotear los plebiscitos

NIKO SCHVARZ

 

Esta nota podría llamarse también Los perros de Alcibíades. ¿Conocen la historia? Este general ateniense cometió actos que perjudicaron gravemente a su pueblo y además le cortaba la cola a sus perros. Toda Atenas comentaba sobre los canes y dejaba en segundo plano las atrocidades cometidas por Alcibíades, como arrastrarlos a la cruenta expedición de Siracusa (Sicilia).

Análogamente, las barbaridades proferidas por Jorge Batlle contra todos los argentinos (no sólo contra los políticos, sino contra todos los ciudadanos) dejaron en la penumbra la segunda parte de sus declaraciones a la cadena Bloomberg. Y aunque lo dijo en un inglés macarrónico, que le hubiera valido un bochazo en cualquier examen, sus conceptos quedaron meridianamente claros.

El presidente reveló que se propone concesionar una serie de servicios públicos y de áreas específicas, entre los cuales citó expresamente «las aguas corrientes, los ferrocarriles, petróleo, gas, luz eléctrica, comunicaciones». Precisó que en OSE, AFE y Ancap se organizarán concesiones a privados similares a las realizadas con la playa de contenedores del Puerto. Y agregó un concepto de fundamental importancia, cuya traducción literal es la siguiente: «No vamos a venderlos. Para venderlos se necesita una ley y si aprobamos una ley se organizan plebiscitos contra la ley. De ese modo perdemos tiempo y no avanzamos nada». Correlativamente, anunció que en breve se informará sobre un plan de transformación de los servicios públicos.

Esta parte de las declaraciones no la vimos en los canales uruguayos. Sí en los canales argentinos, que se dedicaron con fruición a poner en pantalla, una y otra vez, en su integridad, las palabras en español e inglés y la gesticulación desaforada del Presidente uruguayo, adobados con comentarios fácilmente imaginables.

Desbrozado el copioso anecdotario, queda en pie un hecho fundamental, que afecta el destino de la República: el Presidente anuncia su propósito de multiplicar las privatizaciones en los entes del Estado, pero a tales fines apelará a un procedimiento torcido (como ya se hizo en el Puerto de Montevideo, valga la confesión), para hacer un desvío y no adoptar la única vía regular de alcanzar dicho objetivo, que es la de la ley. ¿Por qué? Porque si la privatización sale por ley, se puede interponer el plebiscito contra ella. Otra vez a confesión de parte, relevo de prueba. Pero esto significa nada menos que saltarse a la torera la Constitución de la República, que establece:

«Artículo 188. Para que la ley pueda admitir capitales privados en la constitución o ampliación del patrimonio de los Entes Autónomos o de los Servicios Descentralizados, así como para reglamentar la intervención que en tales casos pueda corresponder a los respectivos accionistas en los Directorios, se requerirán los tres quintos de votos del total de componentes de cada Cámara».

Este proyecto antinacional, que desde el gobierno se pretende ejecutar a tambor batiente, requiere una denuncia inmediata y un vivo alerta a la opinión pública, para desbaratarlo en general y en cada área de su pretendida aplicación. En lo inmediato, debemos reclamar que se ponga término a las maniobras dilatorias y a los anuncios, que nunca se concretan, de derogación de los artículos 612 y 613 de la ley presupuestal, y que de una buena vez se convoque al plebiscito para que el pueblo pueda expresar su voluntad de defender a Antel, que sentimos como nuestra, como se demostró en el plebiscito de 1992. Al mismo tiempo, es preciso acelerar la recogida de firmas por el plebiscito sobre Ancap. Hablando de plebiscitos, que competen a la Corte Electoral, sería bueno saber hasta cuándo el gobierno va a seguir violando la Constitución sin integrarla como corresponde, así como al Tribunal de Cuentas.

El tema está al orden del día en toda América, y tenemos muy cerca un ejemplo notable. En Paraguay, el desprestigiado gobierno de González Macchi se proponía concretar el 14 de junio la privatización de la compañía estatal telefónica Copaco, exigida por los organismos financieros internacionales como condición para otorgar créditos.

La ley respectiva ya tenía sanción de Diputados. Pero las organizaciones campesinas realizaron una marcha hacia Asunción (violentamente reprimida), las centrales sindicales decretaron una huelga general, ambas contra la privatización, y el gobierno dio marcha atrás, aplazándola indefinidamente.

Dos pequeñas consideraciones finales. Para justificar el exabrupto de la ruptura con Cuba, el doctor Batlle alegó que debía velar por la dignidad de la función presidencial ante los calificativos de que había sido objeto. La pregunta es: ¿se vela por la dignidad presidencial agraviando al barrer a un pueblo entero, con gestos destemplados, en un cuadro de imprecaciones, llanto y descontrol emocional, y por añadidura metiéndose en problemas internos de ese país como sus próximas elecciones? Y segundo: como siempre, de los disparates se pretende culpar, no al que los profirió sino a quien los difundió. Muerte al mensajero.

La pregunta es: ¿alguno de los conceptos, o de las palabras, puestos en boca del doctor Batlle, difiere de lo que él efectivamente expresó? ¿Hubo alguna tergiversación? Y si la respuesta es obviamente negativa, el propósito que ahora se anuncia de enjuiciar penalmente al medio de difusión agregaría un bochorno más al que ya se ha endilgado, con creces, al nombre de Uruguay. *