Los intocables contratos de obra

Ni siquiera Discépolo hubiera sido capaz, con su cruda poesía, de describir lo que está ocurriendo hoy en el Uruguay con los créditos de los organismos internacionales. Cientos de millones de dólares que llegan al país, convirtiéndose en deuda externa que todos debemos pagar junto a sus intereses, para prohijar a una enorme cantidad de zánganos, que han sabido colocarse en la administración usufructuando contratos de obra o de servicio.

El mecanismo es simple y perverso. Se realiza un proyecto sobre cualquier cosa, como por ejemplo la erradicación de asentamientos, que es enviado a un organismo multinacional como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial, que lo aceptan, disparándose de inmediato en el país el gatillo del acomodo más atroz: el de los contratos de obra o de servicio.

Cuando llegan las partidas de dinero, comienza la ronda de los nombramientos. Designaciones de centenares de funcionarios y allí, como cantaba Discépolo, se coloca la Biblia junto al calefón. Se nombra a una contadora para realizar un informe sobre la inclusión de una segunda lengua en los estudios secundarios, a un sociólogo para analizar las mejoras de la enseñanza secundaria y así mil etcéteras.

Casi todos esos nombramientos, que se realizan con una fruición enfermiza, a un ritmo que en algunos casos sorprende (el caso de la ANEP es paradigmático), recaen no sobre especialistas, y sin tener el decoro de que se llame a concurso. En su inmensa mayoría son nombramientos directos de personas con una particular característica: ser partidarios, por lo menos explícitos, de los partidos integrantes de la coalición de gobierno.

Se crea una burocracia de características amorfas que comienza a recibir partidas siempre superiores a las de los funcionarios de carrera, a los técnicos que en un concurso abierto superarían, por experiencia, antecedentes y méritos, a quienes se «acomodaron» siempre con estipendios decenas de veces superiores.

Existen algunos ejemplos notables y aleccionantes, como lo ocurrido en un barrio casi marginal en el cual la solución del problema sanitario de todos los vecinos, conectándolos al sistema de cloacas, tenía un costo bastante menor al préstamo que llegó en su momento del Banco Mundial.

El dinero no se otorgó para ese necesario saneamiento, sino que a través de contratos de obra y servicio, los burócratas comenzaron a realizar un estudio cuyo costo superó el millón de dólares, cifra infinitamente mayor a la que la comisión de vecinos necesitaba para la imprescindible tarea.

Luego de los largos estudios, que insumieron el dinero del préstamo internacional, la única mejora que lograron los vecinos fue que se colocara bitumen en el piso de una modesta cancha de basquetbol aledaña a una parroquia.

Claro, esto que ocurre en Uruguay no es novedoso. Se repite en cada uno de los países donde los gobiernos, con la mentalidad de resolver los temas con creciente endeudamiento, logran empréstitos de este tipo que, siempre, se diluyen en un entramado de burócratas privilegiados que realizan informes, copiados de otros, sin que los dineros que se envían, en teoría, para ser volcados en obras de apoyo social, lleguen alguna vez a su destino.

Lo que ocurre en ANEP es aleccionante. Cientos y cientos de contratos de obra o de servicio, para «amigos» privilegiados que pululan en la administración pública, haciendo uso del dinero llegado desde el exterior, cobrando por tareas no siempre bien definidas, cantidades exorbitantes.

¿Cómo podríamos definir ese mecanismo vicioso? Hay una sola palabra que engloba perfectamente la situación: corrupción. *