Profundización de la cruzada antiterrorista

Prácticamente todos los días la prensa norteamericana aporta nuevos elementos de juicio acerca de las tragedias del 11 de setiembre pasado.

Diversas investigaciones remiten a las responsabilidades de funcionarios civiles, militares y jerarcas del gobierno en la subestimación de unas amenazas y peligros que en un lugar y otro de los Estados Unidos (en tierras de sus aliados, como Egipto) se habrían detectado con anterioridad al fatídico atentado.

Responsabilidades del FBI, de la CIA y, sobre todo, de los más altos jerarcas del gobierno bajo cuyas decisiones las advertencias se habrían enterrado en algún cajón de las dependencias burocráticas federales.

El asunto es demasiado importante no sólo para el legítimo anhelo de paz y de justicia del pueblo norteamericano sino para el resto del mundo. Los cambios que sobrevinieron tanto dentro de fronteras como en las relaciones internacionales a partir del 11 de setiembre son de una magnitud que merecen una mirada reflexiva que procure avanzar sobre el ritmo a veces demasiado vertiginoso de la afluencia de información.

El 11 de setiembre fue seguido por un paquete de decisiones enérgicas por parte del gobierno norteamericano.

Por un lado la acción militar emprendida, en el marco de un nuevo «unilateralismo» mostró, al menos en una primera y decisiva etapa, a unos Estados Unidos dispuestos a despegarse de sus aliados históricos de la Alianza Atlántica.

Los esfuerzos militares comprometidos en Afganistán, con unos resultados de muy dudosa eficacia, contribuyeron no obstante a recalentar en términos nunca conocidos antes el conjunto de los equilibrios político-militares en una amplia región del globo, incluyendo la exacerbación de las tensiones entre dos países con una antigua y peligrosa rivalidad, India y Pakistán.

No es una herencia chica, como muchos sospechan esta exasperación en la región de Cachemira y en general el crecimiento de los antagonismos políticos y religiosos en esa pobre pero muy bien armada región asiática.

El otro campo de incidencia esencial ha sido la propia acción política en el plano doméstico. El crecimiento del presupuesto militar, el incremento del clima de control e intimidación, las expresiones de xenofobia contra las poblaciones de origen musulmán han enrarecido el clima interno de la nación norteamericana.

Reflexionando sobre estos temas, hace apenas unos días el gran historiador y ensayista norteamericano Gabriel Jackson, anota una serie de alarmantes decisiones adoptadas por la administración Bush, al influjo de la nueva situación política y psicológica creada en los Estados Unidos después del 11 de setiembre.

Para Jackson, el gobierno de Bush tiende a acrecentar lo que llama «el secretismo»: negativa a entregar documentación acerca de los posibles implicados en los escándalos de la Enron, entre otros.

Otro punto esencial que denuncia Jackson remite a temas en los que están en juego cuestiones de libertades y garantías individuales: «El ideal del secretismo se aplica todavía con más firmeza a los aspectos judiciales de la guerra contra el terrorismo. Los portavoces de Bush se niegan a revelar a cuántas personas se mantienen encarceladas sin cargos, pero bajo la sospecha  especialmente si son musulmanes y extranjeros  de ayudar al terrorismo. (…) Además, aun cuando un acusado sea declarado inocente, puede seguir indefinidamente encarcelado si el gobierno considera que es potencialmente peligroso.

«Tales reservas, concluye Jackson, convierten a la Justicia en una farsa, pero Bush y su archiconservador fiscal general Ashcroft las anuncian sin el menor titubeo».

Como se puede apreciar las acciones estatales desencadenadas a partir de unos hechos que pudieron haberse impedido son demasiado importantes como para que todo el «paquete» de acciones y reacciones del gobierno de Bush sean aceptadas acríticamente. *