Un paso atrás para la credibilidad del sistema

Se ha producido el primer enfrentamiento entre gobierno y oposición.

No sería un hecho digno de destacar si no fuera porque se trata del primer traspié que experimenta el idilio mantenido hasta ahora entre el Poder Ejecutivo y la oposición de izquierda.

Quizá debamos acostumbrarnos a este ajedrez inaugurado por el doctor Batlle, en el que sus jugadas desconciertan por igual a tirios y a troyanos, y esta desavenencia sorprendente y sorpresiva no sea más que uno de los tantos episodios que jalonarán el camino por el que ha de transitar el país en el transcurso de esta administración.

Sin duda la dinámica del nuevo relacionamiento político exigía una actitud hacia los socios blancos que reafirmara los compromisos asumidos por el primer mandatario, llegado al poder merced al acuerdo con el doctor Lacalle. La designación de jerarcas de filiación blanca es algo que encaja perfectamente dentro de la lógica y de las reglas de juego.

No obstante, consideramos absolutamente desacertada la elección de algunos nombres propuestos por el Partido Nacional.

No estamos adhiriendo a la tesis mayoritaria sustentada por el Encuentro Progresista que propugna no votar ninguna venia como respuesta a la exclusión de esa fuerza política de los directorios de las empresas públicas. Creemos que tanto la negativa del doctor Batlle a integrar a representantes del EP, como la posición de éste de no votar las venias, son decisiones esencialmente políticas que deben ser evaluadas –y pueden ser cuestionadas– precisamente desde el punto de vista político. El tema es polémico y, dicho sea de paso, hay sectores del EP que han manifestado su desacuerdo con la postura mayoritaria.

Pero no es ese el punto. Como hemos dicho, creemos absolutamente inconveniente que no se hayan acordado previamente con la oposición –que paradójicamente representa a la fuerza política más votada– los nombres propuestos para cargos de alta responsabilidad en los organismos del Estado.

Cuando hay un ciudadano cuyo comportamiento público ha sido censurado y ha merecido una investigación judicial, y –por más que el dictamen final de la Justicia no lo haya condenado– sigue pesando sobre él un claro cuestionamiento, no parece lo más acertado designarlo para ocupar un puesto en la administración pública.

No olvidemos que muchas veces la Justicia no condena por falta de pruebas. Y si bien es cierto que un fallo absolutorio o el archivo del caso implica automáticamente la ausencia oficial de delito, no necesariamente significa la ausencia de dudas respecto de lo denunciado.

Cuando prevalecen consideraciones extranas a la idoneidad por encima de las condiciones exhibidas por la persona propuesta; cuando vale más el pago de favores que la solvencia, se está equivocando el camino.

Estas decisiones políticas en modo alguno ayudan a prestigiar al sistema. Antes bien, los nombramientos inoportunos no hacen sino fomentar el descrédito de las instituciones y de la clase política, algo que todos tenemos la obligación de combatir: los medios de prensa y fundamentalmente los propios actores políticos. El escepticismo de la población y la falta de credibilidad de los hombres públicos son un peligroso abono para que germine la abominable semilla del desconocimiento de la Constitución.

Luego de haber vivido la nefasta experiencia de un régimen cívico-militar que despreciaba a todos los políticos al barrer, la primera obligación de los gobernantes debe ser el afianzamiento de las instituciones, de la democracia representativa y del prestigio de la clase política.