¿Responsabilidades frente a la crisis?

CARLOS SANTIAGO

 

Cuando el suegro del prófugo José Röhm, el banquero David Mulford, principal de Crédit Suisse First Boston, uno de los propietarios del Banco Comercial, le dijo al presidente de la República Jorge Batlle, que no lo llamara más porque no lo atendería, quedó sellada una negociación entre nuestro gobierno y los propietarios extranjeros. Batlle, sustituyendo a quienes deberían haber sido los actores de la negociación quemó todas las naves y quedó desairado a tal punto que para conectarse con los directores de esos bancos, cuando se encontraba en Washington, debió recurrir a un «amigo» norteamericano vinculado al Departamento del Tesoro. Por ese conducto fue que el primer mandatario se enteró de la acción del estudio Ferrere-Lamaison, que trataba de lograr que quien pusiera el dinero para superar las dificultades del Banco Comercial fuera enteramente el Estado uruguayo.

Cuando el ministro de Economía Alberto Bensión informó esta semana que el acuerdo era que se comprarían las acciones vacantes luego del robo perpetrado por los hermanos Röhm, los hechos configurados mostraron cómo los estrictos preceptos de la economía liberal que había tenido el gobierno hacia otras empresas (recordemos el caso de Cristalerías del Uruguay, el sector azucarero, la industria del calzado, la textil y muchos etcéteras más), quedaban por el camino cuando se trataba de sanar una situación que afectaba al sistema financiero.

La historia del país en este aspecto ha sido rica en hechos similares. Recordemos que el Banco Comercial fue traspasado hace 14 años a la actividad privada (léase los hermanos Röhm) sin costo. Incluso el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle le otorgó un giro «operativo» de dos millones de dólares. Claro, los Röhm habían logrado que tres «prestigiosos» socios, los bancos J.P. Morgan, el Crédit Suisse First Boston y el Dresden Bank, también recibieran acciones (¿también sin costo?) y ocuparan cargos en el directorio, como también lo hicieron en la misma operación, en el Banco Nacional de Negocios de Argentina que, a su vez, creó también de este lado del río una SAFI, la Compañía Nacional de Negocios, ahora clausurada por una decisión del gobierno, luego de haber pasado por sus computadoras asientos de sumas provenientes de cuanto negocio «negro» se realizara en Argentina.

La cesación de pagos de Argentina y el «dejar hacer» de las autoridades financieras de Uruguay, precipitaron al país en una crisis gigantesca que afecta al sistema en su conjunto y puede crear también un default, que es una de las principales causas que tienen sumido en la desesperación al pueblo argentino.

Claro está, la tendencia del gobierno es esconder la profundidad de los hechos que están ocurriendo, como consecuencia de haberse intentado crear un muy sui géneris «paraíso fiscal», que mejor se puede definir como la «caja negra» de la economía argentina, que al igual que la industria dedicada exclusivamente a la exportación en los países dependientes, sufre hoy el descalabro de depender de un solo cliente.

En esa línea de esconder la verdad de la situación estuvieron, claro está, las declaraciones realizadas por el presidente del Senado, Luis Hierro López, que indicó insólitamente que la crisis financiera en Uruguay se debía a la acción de bancos interesados argentinos que pretendían adueñarse del dinero todavía depositado en Uruguay. Los bancos en la Argentina, luego de la debacle provocada por el default y la apropiación de los depósitos, no están en condiciones de ser atractivos para quienes todavía mantienen en Uruguay sus depósitos. La prueba de ello se puede observar cada tarde por televisión.

Lo que no dijo Hierro, es que los que están actuando para intentar quedarse con lo que queda del Comercial, son algunos bancos consolidados en plaza, por lo menos dos entidades, que están tratando de hacer astillas de árbol caído. Obviamente instituciones molestas por la «capitalización» que impide el objetivo, en los hechos, de una mayor concentración del sistema.

En este y en otros temas, no han sido los factores externos, los que han perjudicado al país, comenzando por la devaluación brasileña de 1999, tras la cual Uruguay no hizo nada, pasando por la previsible crisis de la aftosa, hasta la corrida provocada por la situación argentina, pero abonada por la total falta de controles que posibilitaron el robo de 250 millones de dólares y que la crisis se extendiera rápidamente al resto del sistema.

Para completar el panorama, luego del mazazo torpe del ajuste, falta que la mayoría colorada de la Corte Electoral haga votar el texto ya redactado invalidando el referéndum para impedir la venta de Antel. *