Inmuebles estatales a la venta

Entre las medidas anunciadas en conferencia de prensa por el primer mandatario el pasado jueves figura la enajenación de inmuebles estatales, de los cuales la Torre de las Comunicaciones y el Palacio de Justicia son sin duda los más significativos.

Ambos edificios tienen en común el hecho de haber suscitado innumerables controversias en cuanto a la pertinencia de su construcción.

El Palacio de Justicia, que lleva aproximadamente cuarenta años sin terminarse, llegó a convertirse en un símbolo, en una muestra elocuente del relegamiento de que es objeto el Poder Judicial por parte del Ejecutivo. La Justicia –sin duda la cenicienta del Estado a la hora de la asignación de recursos– deberá resignarse a mantener sus carencias locativas actuales y la dispersión geográfica de sus distintas sedes y oficinas.

La Torre de las Comunicaciones tiene una historia mucho más breve pero no por ello menos convulsionada. Muy cuestionada por diferentes razones y desde diversos sectores políticos, la megaobra nació torcida –y no sólo en sentido figurado– y ahora su destino parece ser otro.

La inconveniencia de emprender una obra de esas características cuando el país enfrentaba los primeros síntomas de la crisis fue planteada –entre otros– por el doctor Jorge Batlle, en lo que muchos vieron un episodio más del enfrentamiento entre su sector y el Foro Batllista liderado por el ex presidente Sanguinetti.

Los argumentos esgrimidos por el entonces presidente de Antel, contador Ricardo Lombardo, en defensa de la torre fueron atendibles y no han perdido vigencia: la obra se financiaría con la venta de otros inmuebles del ente; y la concentración de servicios y oficinas en un solo edificio significaría una importante reducción de costos.

Pero más allá de la discusión sobre la real necesidad de la obra, la reciente decisión gubernamental de poner la Torre en venta parece una resolución apresurada, tomada a la ligera y con un cierto tinte demagógico. ¿Es razonable pensar que un edificio inteligente concebido para albergar tanto la parte administrativa como la tecnológica de Antel despertará el interés de un inversor dispuesto a pagar por él lo que el Estado lleva gastado?

Esta decisión presidencial puede ser vista con beneplácito por una opinión pública que reclama eliminar los gastos superfluos y las obras innecesarias.

Pero mucho nos tememos que la medida no obedezca sino al propósito de «tapar el ojo».

En definitiva, son otras las soluciones que el país real y su población empobrecida esperan. *