¿Dónde está el riesgo de los capitales?

La política en el Uruguay está plagada de acciones que se convierten en sorpresas inadmisibles, muchas de ellas contrarias (a contrapelo) de las necesarias medidas para fomentar una actividad. Hace pocas horas el legislador frenteamplista por Rocha, diputado Artigas Barrios, presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo (más concretamente el Ministerio de Defensa Nacional) responda por qué autorizó el incremento de las tasas de embarque en el Aeropuerto de Punta del Este, manejado por una empresas que ya gozaba de una privilegiada situación. Concretamente desde ahora se establece un aumento del 50 por ciento en la tasa del embarque, llevando la misma a 20 dólares por pasajero. En forma paralela –según lo trascendido de la gestión del legislador– también por la misma resolución del Poder Ejecutivo se autorizó una extensión de seis años en el plazo de la concesión, exonerando además a la empresa titular de dicho aeropuerto de la obligación de instalar equipos de apoyo para operar en condiciones climáticas adversas, canjeando la misma por una suma de 500 mil dólares que se pagará a la Dirección de Infraestructura Aeronáutica, en cuotas.

Queremos creer que este, en nuestra opinión, inopinado decreto, fue consultado con el Ministerio de Turismo, pues a ojos vista la fecha en que se autoriza este incremento, que no es nada pequeño, aparece inapropiada. Justamente en el inicio de la temporada turística los pasajeros deberán pagar por utilizar el aeropuerto la suma de 20 dólares, que es similar a la que se paga en los más importantes aeropuertos del continente, los que cuentan, a diferencia del de Punta del este, con la mayoría de los adelantos técnicos, muchos de los cuales aquí no se instalarán, porque así el Poder Ejecutivo lo autorizó.

¿En qué país estamos? Este es otro ejemplo de las privatizaciones con las que el gobierno quiere hacer progresar al país. Todos los beneficios son para el concesionario que, en el caso de las medidas de seguridad, claramente perjudican al usuario. ¿Qué pasaría si un avión se encuentra de improviso con un frente de tormenta en la zona de ese aeropuerto? La respuesta que debe estar en la cabeza de alguno es que su cercanía con Carrasco permite hacer allí «la vista gorda» y convertir en aceptable que no existan allí algunos implementos técnicos necesarios para el vuelo a ciegas.

Pero, entonces, ¿para qué se concesionó ese aeropuerto? Quizás se entienda que alcanza con haber mejorado la sala de pasajeros y la pavimentación de las pistas. Pero, ¿eso no podría haberse hecho sin mayores dificultades por la Dirección de Infraestructura Aeronáutica?

Parecería que siempre es el Estado el que debe salir a salvar a quienes colocan capital, que debería ser de riesgo, en emprendimientos que fueron concesionados por ser explotados por los privados. Siempre se está borrando con el codo lo que se escribe con la mano, que además se convierte en teoría y en ideología que se difunde a diestra y siniestra. Pero, cuando las cosas van mal siempre las pérdidas se socializan y pagan no sólo los usuarios, por un caro y deficiente servicio, sino todos los uruguayos. El caso de Pluna es paradigmático y ahora, de confirmarse lo que expresa el pedido de informes del diputado Barrios, también con el aeropuerto de Punta del Este que, quizás, tenga el privilegio –por los servicios que le otorga al viajero — de convertirse en uno de los más caros de la zona.

Con un inopinado aumento de tarifas que, además, se autoriza al comienzo de la temporada. *