El plomo cobra una víctima

El atentado sufrido por la familia Filipovich (el segundo perpetrado en pocos días) sin contar las amenazas casi diarias que sufren sus miembros por denunciar la contaminación con plomo en Canelones, debe ser un llamado de alerta a las autoridades de gobierno.

Los estudios de plombemia han revelado altos índices y valores que exceden largamente los topes admitidos por organismos sanitarios internacionales. Ante esta realidad, no se trata de señalar culpables institucionales (los municipios, los ministerios u otros organismos estatales) y deslindar responsabilidades, sino que es deber asumir –por parte de los gobernantes y de la comunidad toda– que estamos en presencia de un problema sanitario y ambiental de extrema gravedad.

No corresponde aquí reiterar los datos científicos y técnicos referidos al problema ni los efectos que produce la acumulación de plomo en el organismo, sobre todo en el desarrollo de los niños. Pero sí es pertinente plantear algunas cuestiones vinculadas con el tema.

En primer lugar, es constatable una cierta omisión –o por lo menos imprevisión– de parte de los organismos de control de cada una de las instituciones estatales involucradas. No ha habido interés en apoyar la realización de estudios serios que la Universidad podría emprender si el poder político estuviera dispuesto a brindarle los medios para hacerlos. Sería la única manera de detectar el origen del problema y determinar la responsabilidad de industrias y otras actividades contaminantes. En este terreno, ya a esta altura parece innegable que hay dos empresas públicas que deberían corregir su gestión de manera de abatir su aporte a la contaminación con plomo: OSE y Ancap, en tanto entes estatales, tienen la obligación de disponer lo necesario para poner un freno a la contaminación por el agua y por los combustibles. En este último aspecto, correspondería suspender inmediatamente la fabricación de nafta con plomo, y no ofrecer un carburante sin plomo –más caro– como si realmente se tratara de una inocua opción que se da al usuario; en un caso como éste, el Estado debe necesariamente asumir su papel de custodio de la salud de la población y proscribir definitivamente la refinación de nafta contaminante.

Pero paralelamente al problema de la contaminación, en el caso concreto del barrio Mullins de Canelones estamos en presencia no ya de altos índices de plombemia, sino que, además, asistimos a una guerra declarada contra una familia como represalia por su firme actitud de denuncia militante. Las amenazas y atentados criminales pueden ser atribuidos a responsables de una fábrica de la zona, quienes fueron denunciados como generadores de la contaminación. No obstante, la familia Filipovich parece más bien ser víctima de una especie de condena social en la que estarían involucrados todos los miembros de la comunidad en razón de que la fábrica contaminante es la única fuente de trabajo del lugar. Un caso similar al que planteaba Ibsen en «El enemigo del pueblo», donde quien denunciaba que las aguas del balneario estaban contaminadas era víctima del repudio social unánime.

En una sociedad desestructurada, con un índice de desempleo creciente, es posible que se den situaciones como ésta. Ante la posibilidad de que la contaminación medioambiental con plomo determine el cierre de la planta industrial, la amenaza de quedar sin trabajo parece más fuerte que la otra amenaza, la de la contaminación.

Una vez más, el Estado debe intervenir y actuar con firmeza. Es una de sus responsabilidades que no puede dejar en manos del mercado porque a éste no lo conmueven los microgramos de plomo en la sangre. *