No es ortodoxia, son "libros quemados"

CARLOS SANTIAGO

 

Los datos de la realidad son fuertes y hacen pensar que los uruguayos, como consecuencia de que el gobierno sigue priorizando el atesorar recursos para el pago de los intereses de la deuda y no para impulsar planes de desarrollo, pasaremos un 2002 más dificil que este año que termina.

No queremos decir –que se nos interprete bien– que la deuda no hay que pagarla. Por el contrario, lo que sostenemos y reiteramos en más de una oportunidad es que para hacer frente a las obligaciones externas debemos contar con un país en producción, que pueda vender al exterior en forma creciente, contando además con un mercado interno pujante, para lo que es necesario realizar políticas que mejoren los ingresos de la gente.

Las pocas ideas que surgen del Ministerio de Economía tienen siempre el mismo contenido negativo, achicando, cortando, minimizando, no pagando, impidiendo la obra pública y, como consecuencia del desplome que produce, la privada. El objetivo, que también es el de la enajenación de las empresas públicas, es lograr más recursos para cumplir con los vencimientos, cada vez más importante en dólares, consecuencia de la misma política obsesiva de cumplir con los acreedores.

Ninguna otra cosa se tiene en cuenta. Ni siquiera que para exportar es necesaria la producción nacional: aquí han cerrado en masa industrias de distinto tipo, en una achicamiento progresivo del sector que puede también medirse en el número de desempleados que ha crecido a niveles récords. En la agropecuaria el desastre es mayúsculo. Recién se comienza a reabrir algunos mercados para la carne, la producción agraria y granjera está en retroceso. Una expresión de todo ello es el crecimiento de la marginación en que se han sumergido varias centenas de miles de uruguayos.

En su afán de «hacer caja» para pagar a los acreedores externos, utilizando criterios económicos perimidos y con objetivos que habría que analizar desde el punto de vista ético, ahora el gobierno se apresta a rematar dos bandas de telefonía celular y los free shops del Aeropuerto de Carrasco, intentará el discutido acuerdo de asociar a Ancap con una empresa multinacional que –de acuerdo al proyecto– pagará un canon que irá –elemental, mi querido Watson– a la misma bolsa de Rentas Generales.

La banca financiera acreedora quedará más tranquila al igual que el ministro de Economía Alberto Bensión, mientras algunos políticos sigan repitiendo los resultados de algunos análisis, como el realizado por el equipo de Ernesto Talvi, que sostienen que las privatizaciones tendrán «maravillosos» resultados sobre el empleo. Es evidente que estos «habladores» saben cómo engatusar a algunos empresarios que desesperados por el desbarranque paulatino pero veloz del país se aferran a cualquier canto de sirena.

No existe ninguna constancia, ni siquiera empírica, de que la privatización de las empresas del Estado produzca una reducción en el desempleo. Pero además ocurre que existen testimonios cercanos, como el de Argentina, en donde el proceso de enajenación determinó consecuencias brutales para una economía en pleno desplome. El modelo aplicado por Cavallo en la primera etapa de su gestión no difiere del que pretende el gobierno de Batlle para el Uruguay.

Vender los activos, que son de todos, para que siga fluyendo la espiral del empréstito, verdadero caballito de batalla para emprender cualquier tarea dentro del Estado.

Es un modelo en que siempre se mira al exterior para concretar cualquier cosa: desde financiar la investigación científica hasta levantar un nuevo edificio para el Hospital de Clínicas, para reformar la Seguridad Social, que, luego de lo actuado, debe ser financiada con casi 50 puntos del IVA, mientras que otras instituciones parásitas que se crearon, acumulan dólares que nadie sabe si servirán para favorecer a quienes compulsivamente son obligados a aportar en las mismas.

Se utiliza el préstamo externo para todo: equipamiento de Salud Pública, diagnóstico de asentamientos precarios, construcción de rutas nacionales, desarrollo portuario, compra de computadores que luego desaparecen, etcétera.

No sería un elemento extraño que hoy o mañana al ministro de Economía se le ocurriera llevar al papel lo que está tratando de hacer en los hechos. Tener un presupuesto con cero en el rubro de inversiones y, paralelamente, imponer la congelación salarial de los empleados públicos, jubilados y pensionistas.

Lo más insólito es que el ministro sostiene que su política está basada en lo que enseñan los textos clásicos de economía. Lástima, pero no es así.

Al ministro se le han quemado los libros hace tiempo y lo único que tiene entre sus manos son los «consejos» del FMI, la mayoría de los mismos irrealizables, y las respuestas, vía «cartas de intención», en que nuestro país se suma al coro irreal de quienes hacen todo lo posible para que el país no se desarrolle. Ese es el panorama que se debe revertir. No es tarea fácil. *