Juan Pueblo no tiene lobby

RUBEN MARTENEZ HUELMO

 

Mientras la generalización del IVA y su consiguiente discusión están en suspenso –lo cual no significa que sus promotores no vuelvan sobre el tema– desde esta columna nos permitiremos recordar que en 1993 hubo un intento formal de gravar el boleto con el Impuesto al Valor Agregado. Fue con motivo del tratamiento de la Rendición de Cuentas. Allí, en el capítulo de los «Recursos» del mensaje enviado por el Poder Ejecutivo de la época, se consignaba un artículo que proponía gravar el boleto (urbano, suburbano y carretera) con el IVA mínimo del 14 %. La intención era recaudar siete millones de dólares anuales y sumar en busca de los vidriosos equilibrios fiscales. El Parlamento en aquella oportunidad no fue dócil ante aquella embestida fiscal que apuntaba a los sectores populares, como es tradición en nuestro sistema tributario.

Los parlamentarios aguzaron su ingenio y lograron neutralizar el intento de la administración. ¿Cómo? Sucedía que en la época existía un uso contable que se había generalizado intensamente y que era absolutamente evasivo. El mismo consistía en descontar el IVA del precio de compra de los automóviles, mediante el recurso de hacerlos figurar a nombre de una empresa. En realidad muchísimos automóviles no eran ni estaban afectados a una actividad empresarial determinada, sino que eran de uso particular de directores, socios, empleados de confianza, profesionales asesores, familiares, etcétera. En ese descontrol, los beneficiados eran el verdadero usuario (que evitaba pagar el impuesto) y la empresa, porque el vehículo a su nombre o en su activo generaba la posibilidad de deducir de sus utilidades todas las pérdidas ocasionadas por pago de patente, seguro, mantenimiento, etcétera. Ello significaba pagar menos Impuesto a la Renta de Industria y Comerico (IRIC).

Obviamente el Estado no percibía el impuesto correspondiente. En la Cámara de Diputados se dijo que la evasión por esta maniobra se podía ubicar en más de cincuenta millones de dólares; hay que recordar que fueron los tiempos en que las ventas de automóviles cero kilómetro fueron notables. Finalmente el Parlamento impuso la posibilidad de deducir el IVA de compra por automóviles a las empresas que adquirieran vehículos utilitarios (camiones y camionetas). Para los restantes vehículos, era posible la deducción siempre que éstos fuesen necesarios para la gestión del contribuyente y así lo demostrare ante la DGI. La consultora Tea Deloitte & Touch, en diciembre de 1993, decía al respecto en su boletín Nº 39: «Es evidente que una disposición de este tipo tiene por finalidad limitar los excesos en la medida que se había hecho habitual el mal uso de una norma por parte de muchos contribuyentes, siendo que hubiese sido más adecuado la aplicación de una fiscalización más severa que evitase los excesos».

Este ejemplo que traigo al lector demuestra cuán fácil es para la ortodoxia liberal transitar el viejo y trillado camino de la tributación nacional cuyo santo y seña, como ya todos sabemos, es «que los que menos tienen sean quienes más paguen». En este proyecto que proponen Batlle Ibáñez y Bensión, lo que aumenta brutalmente es la imposición sobre la canasta básica familiar –19% y 5%– que considero un alevoso ataque al pueblo. ¿Se puede creer que esta propuesta sea neutra, es decir, que no busque recaudar más, tal como ha afirmado el ministro Bensión? Claro que no. En mayo la prensa uruguaya notificaba que el FMI exigía la generalización del IVA a nivel universal. Meses después, nuestro presidente usaba su visita a las oficinas del FMI para ilustrarnos de las bondades de generalizar el IVA.

Por el momento no se han conocido las proyecciones de las recaudaciones; las sabremos cuando se discuta este proyecto en el Parlamento, pero ya se va viendo la hilacha: aquellos que lo pueden deducir lo apoyan.

¿Y los que no pueden hacerlo? Ante tanta indefensión, los que no tenemos lobby, lo único que podremos hacer es observar atentamente las manos que se levanten a favor de este nuevo saqueo, y tener memoria. *