Las venas abiertas de Colonización

ANDRES FIGARI – Analista

 

Hay quienes creen que la crítica situación del ente se debe a una mala política en la fijación de las rentas y en el cobro de los adeudos. Que las rentas son excesivamente baratas, que se pagan con atraso o que no se pagan y que las autoridades hacen poco o nada por remediarlo.

Otros opinan que sin menospreciar lo anterior, las causas de la crisis debieran buscarse en un modelo de colonización ligado a un paradigma de producción agropecuario obsoleto.

Las dos opiniones tienen razón, pero también hay otro elemento que desangra y contribuye a la crisis de la institución y en todo caso es la madre de lo que ocurre. El perdonazo sistemático, las quitas en los adeudos, las «indemnizaciones» generosas, las regalías que se dispensan, esa forma de administrar los bienes de la institución que no se usaría si fueran propios, la vista gorda con las infracciones a la ley o al incumplimiento de los contratos, son la consecuencia de una interpretación de la misión del INC que amenaza convertir la ley 11.029 en chicle o letra muerta.

Es lo se que podría definir como la aparición de una conjunción de intereses que aliados en forma «corporativa» los usan en beneficio de sus intereses particulares (económicos o políticos), anteponiéndolos a los que son específicos.

Aprovecharse del ente para hacer politiquería barata es tan viejo como la institución, pero lo novedoso ha sido que, en los últimos tiempos, además del «político profesional» también se ha hecho presente el lobby de los «colonos», cuya presencia irradia la idea que el INC «es de los colonos», y que los funcionarios se encuentran a su servicio.

Esta «concepción» es para algunos bastante más que una simple metáfora. En los últimos años, alentada desde las alturas, se ha ido consolidando en la administración una concepción de la «cosa pública» que no distingue límites entre lo público y lo privado, entre la misión de la institución y los intereses de los beneficiarios, entre los derechos de los colonos y los deberes del funcionario, que es en gran medida la responsable de lo que pasa.

No se trata exclusivamente de una concepción ideológica errónea o perversa a la que algunos funcionarios de menor jerarquía adhieren más o menos ingenuamente; se trata de algo mucho más grave. Es algo que empieza con la hiperpolitización de la carrera funcional, a partir del arbitrario nombramiento de la Gerencia General, cuyo efecto inercial alcanza los niveles más bajos y que se arrastra hasta estos días.

Desde ese instante, de la misma manera que la Gerencia General debe fidelidad y hace suya la «visión» del lobby político-gremial que lo sostiene, otro tanto le empieza a ocurrir a los funcionarios del aparato tecno-burocrático que de ella dependen. Aunque formalmente funcionarios «de la institución», y estén de acuerdo o no, paulatinamente su misión ya no es servir al Instituto –léase hacer cumplir la Ley 11.029 y los reglamentos correspondientes– sino, por un cambio sutil pero fundamental, gestionar los asuntos de aquellos que de «arriba» y de «abajo», efectivamente los controlan. En otros tiempos, los acomodos y las trapisondas menores de los políticos de turno encontraban en quien supuestamente representa a la voluntad del legislador en la continuidad de la gestión un cierto contrapeso. Esos tiempos han pasado, ese control ha desaparecido, no debiéramos asombrarnos de sus consecuencias. *