Un modelo agotado

Si la dramática situación argentina –una verdadera situación límite de impredecible evolución– ni los indicadores que con su asepsia inapelable muestran los estragos que causa un modelo perverso, logran hacer mudar de postura y de credo a los fundamentalistas vernáculos del libremercado y la desregulación. En Uruguay, los privatizadores no pierden su entusiasmo desregulador a pesar de las clarísimas señales que la experiencia mundial nos muestra.

Argentina ha sido probablemente el país que con más obediencia hizo suyos los dogmas neoliberales y los puso en práctica con el mayor rigor. Al punto que la experiencia argentina fue elevada al rango de paradigma a seguir, de ejemplo a emular por las naciones que persiguen el bienestar económico.

No obstante, pocas veces el país hermano se ha visto sumergido en una crisis más profunda. No se trata solamente de los efectos sociales de la desregulación –lo que el pulcro lenguaje académico llama el ‘costo social’, aparentemente siempre inevitable–, sino que la realidad argentina está mostrando el rotundo fracaso de las recetas incluso en aquellos ámbitos en los que deberían aparecer indicadores exitosos. Diez años de menemismo sirvieron para dar el famoso golpe de timón que reclaman los economistas seguidores de Milton Friedman. Y además de las dolorosas consecuencias sociales (desocupación, pérdida de poder adquisitivo de los asalariados, marginación, aumento de la delincuencia, etcétera), también la macroeconomía exhibe un panorama alarmante que ha puesto al país al borde del colapso.

El editorial del último número del semanario Búsqueda es un ejemplo de tozudez en el reclamo antiestatista: (La falta de empleo) «se da porque no surgen empresas nuevas (…) que demanden mano de obra; porque no hay inversión (de magnitud) en las empresas existentes; y además se agrava porque muchas de las compañías de plaza temblequean y hacen malabares para subsistir, o en muchos casos se ven obligadas a bajar la cortina. Y este panorama es generado –en gran parte– por el elevado peso de la carga tributaria». Como esos impuestos sirven para sostener el costo actual del Estado, la propuesta es simple: terminar con el Estado; o achicarlo hasta reducirlo a su mínima expresión, para que florezca la inversión y se abran fuentes de trabajo.

El razonamiento sería perfecto de no ser por el sofisma de que la reducción del Estado genera empleo, y que la desregulación laboral redunda en mejores salarios. En efecto, un informe del Banco Mundial –del que damos cuenta en nuestra edición del pasado domingo 2– señala de manera inequívoca que la realidad es muy otra. Después de la caída del ‘socialismo real’ y del entronizamiento planetario de la economía de mercado, tenemos una situación laboral de desempleo y de inseguridad a la que no escapa nación alguna en el mundo. Son datos de la realidad y de un documento de un organismo internacional insospechable de marxismo. Al mismo tiempo, se establece que a escala mundial se verificó –entre 1990 y 1999– un incremento del salario real del orden promedial de 14 %. Ahora bien, ese crecimiento del salario real es muy inferior al que registra el ingreso per cápita, de donde puede fácilmente concluirse que el crecimiento económico no redunda en una mejora en la condición de los asalariados.

La liberalización a ultranza del mercado y el achicamiento del Estado no son garantía de bienestar. Antes bien, promueven un crecimiento asimétrico que ahonda la brecha entre ricos y pobres y deja a éstos sin la protección del Estado, a merced del afán de lucro de esos famosos inversores de quienes sería ilusorio esperar algún signo de filantropía. *