Quieren "escrachar" los "escraches"

El vicepresidente de la República, Luis Hierro López, se manifestó contrario a los «escraches» con los que infinidad de ciudadanos tratan de hacer recordar que en nuestro país hay presuntos asesinos y torturadores impunes, argumentando que ese tipo de acciones son «inconvenientes» para el trabajo de la Comisión para la Paz y para el país.

Con la mejor voluntad podemos aceptar que alguna medida podría ser negativa para las negociaciones que dicha Comisión realiza con algunos militares, para romper un silencio ignominioso que ya lleva más de veinte años. Silencio con el que se ha tratado de cubrir una serie de hechos atroces. Pero que sean inconvenientes para el país, es más que discutible, puesto que en la memoria colectiva debe estar siempre presente lo que significó el terrorismo de Estado, expresión sangrienta de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

El sábado pasado se cumplió una protesta en Atlántida que sirvió para reavivar la llama de la indignación por lo que realizaron muchos oficiales de las Fuerzas Armadas. Sin embargo algo debemos reconocer: las únicas palabras ciertas que deben haber pronunciado los Gavazzo, los Cordero y otros con similares culpas, es que sus brutales acciones se concretaron cumpliendo órdenes. Allí está, obviamente, su mayor defensa que se expresa en el silencio masivo de los mandos y de algunos otros cómplices, integrantes de la clase política.

Los siniestros personajes que son «escrachados», quizás sean algunos de los símbolos más repugnantes de ese período, donde se aplicó a mansalva el peor terrorismo contra un pueblo que sólo optó por abroquelarse en la defensa de las instituciones, en una lucha que fue creciendo en intensidad, hasta la caída del régimen de facto. Pero hay otros, los que dieron las órdenes y hoy se escudan en un medroso anonimato, que –por obra y gracia de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado– tampoco han sido juzgados.

«Inconveniente para el país», no es la realización de pacíficos «escraches», sino la falta de justicia, esa sensación que tiene la gente de que en nuestro país la impunidad existe, incluso, para los peores delitos cometidos al amparo de un Estado gobernando de facto. Lo malo es esa actitud de algunos integrantes de la clase política que han intentado vincular a estas protestas con acciones de violentistas, cuando los que practicaron ese tipo de acciones son esos personajes impunes, que realmente practicaron la violencia más vil y cobarde, contra personas indefensas.

Están como pruebas ahora oficiales la información brindada por la Comisión para la Paz sobre ocho compatriotas desaparecidos, que fueron asesinados en mazmorras construidas en edificios del Estado, mientras eran torturados por funcionarios públicos (militares), que a fin de mes cobraban dinero proveniente, en todos los casos, de las tributaciones que debía realizar el resto de la sociedad. Actuaban en nombre de un Estado dirigido por tristes personajes cuyo mesianismo tenía el límite de los criterios (órdenes) provenientes del norte del continente. Ni se les pasó por la cabeza que su función era (y es) defender las Instituciones y la Constitución, pues si vamos a las hipótesis de conflictos bélicos que manejan en sus institutos de estudio, éstas mostrarían algo que hasta ellos mismos saben: la inutilidad de toda una organización que se lleva una excesiva tajada del presupuesto nacional. *