Malos tratos en una comisaría

En momentos en que la Comisión para la Paz empieza a dar a conocer los resultados oficiales de sus investigaciones –que confirman dolorosamente la práctica de la tortura contra militantes que resistieron la dictadura– la noticia de que un joven fue víctima de malos tratos en una dependencia policial resulta particularmente sublevante. Nos referimos a la denuncia de Luis Cabrera, aparecida en la edición de ayer de LA REPUBLICA.

Es menester aclarar antes que nada que el sufrimiento físico padecido por este joven estudiante es nimio, comparado con los tormentos inenarrables que sufrieron los militantes políticos y sindicales a manos de los terroristas de Estado. Un pequeño plantón y unos puntapiés en los tobillos son nada en comparación con el sadismo desplegado por los esbirros represores del movimiento popular durante los años de plomo.

Según la definición del diccionario, el concepto de ‘tortura’ implica «grave dolor físico o psicológico infligido a una persona, con métodos y utensilios diversos, con el fin de obtener de ella una confesión o como medio de castigo». En la mayoría de los casos, el propósito que se persigue con los apremios físicos tiene de ambos, así como amedrentar al detenido. Bueno es recordar que el motinero Bordaberry empleaba el eufemismo «rigor en los interrogatorios».

En cualquiera de los casos, es un comportamiento abominable. Y si bien –como queda dicho más arriba– lo padecido por el joven Cabrera es incomparablemente menos grave que las monstruosidades del terrorismo de Estado, cualquier apremio físico o cualquier presión psicológica, por menores que sean, constituyen no solamente un delito tipificado en la legislación penal, sino fundamentalmente una acción de una inmoralidad esencial; un verdadero delito de lesa humanidad. Porque si bien es cierto que toda violencia es condenable, no se puede poner en un mismo nivel una discusión que dos individuos resuelven a golpes de puño, y los golpes contra un ser indefenso en una dependencia policial. El estado de indefensión de la víctima es precisamente un componente esencial de la alevosía (circunstancia agravante que se define como «cautela para asegurar la comisión de un delito contra las personas, sin riesgo del delincuente»). Y la tortura aplicada por policías o militares contra militantes políticos o delincuentes comunes es en sí misma una conducta aleve en la medida que supone la absoluta seguridad –para el torturador– de no correr riesgo alguno en razón de la imposibilidad de reacción de la víctima.

El fin no justifica los medios. No se puede perseguir un fin –por digno y elevado que sea– con medios indignos. Sin embargo, no parece ser ésa la idea del coronel Cordero. Coincidiendo con el coronel Mathieu –jefe de paracaidistas franceses a cargo del combate contra la insurgencia argelina en los años cincuenta– los militares uruguayos han justificado los medios más abyectos para lograr el fin de liquidar a la oposición. Aquel militar francés reivindicaba también públicamente los métodos aplicados para combatir a la guerrilla del FLN, aduciendo que sólo mediante la tortura se podía llegar a la cabeza de la organización, pues los apremios físicos eran la forma más eficaz de convertir a los militantes revolucionarios en delatores.

Sabemos de los desvelos del ministro Stirling por mejorar sustancialmente la tarea de la Policía, por tecnificarla, por humanizarla, por integrarla a la sociedad y por volverla eficaz. Esperemos que la erradicación definitiva de estas desviaciones policiales figure también en sus planes. *