Quieren quebrarle las alas a UTE

La creación de la Unidad Reguladora de Servicio de Energía y Agua (Ursea) fue motivo de una importante discusión en el ámbito de la Comisión Especial de Servicios Públicos del Senado, de la que surgieron algunas novedades, como la denuncia que tomó estado público a través de UTE, de que se proyecta que la empresa estatal de energía, como tiene en sus manos –obviamente– más del 25 por ciento del mercado generador de energía eléctrica, no puede invertir más en transmisión y producción de energía, ni tener una mayor contratación en el marcado de grandes consumidores. Esta denuncia realizada por el senador frenteamplista Reinaldo Gargano, no ha tenido la dimensión suficiente para que la opinión pública se alarme por esta resolución «extremista», favorecedora de la actividad privada, que podría ponerse en funcionamiento en un corto tiempo.

Por supuesto que el escribano Ricardo Scaglia, presidente de esa empresa, de inmediato denunció que si se realiza lo que la Unidad Reguladora de Energía Eléctrica aconseja, será decretada «la muerte de UTE». Por una sencilla razón –como indicó también el senador citando un comunicado de AUTE–, que el proyecto limita al ente en lo que tiene que ver con la generación al definirla como «generador dominante» por tener más del 25 por ciento del mercado, prohibiéndole invertir en el sector, impidiéndole crear nuevas centrales de generación y comercializar energía a terceros. Por su puesto –agregó Gargano — «esa prohibición no se aplicará a los privados».

El conocimiento de todos estos hechos recuerda el anexo elaborado por el entonces director nacional de Energía, ingeniero Pedro Atman, que se adjuntó al decreto de enero de 1995, rubricado por Luis Alberto Lacalle, en que se establecía que la comercialización de la energía en nuestro país debía realizarse sobre la base de un marco legal similar al sistema que se aplicaba ya en Argentina.

Por supuesto, la soberanía nacional, las ideas propias y las características de nuestro sistema de producción, de nada valían.

Atman, en el último gobierno de Sanguinetti, fue subsecretario de Industria y Energía, cargo al que renunció para ponerse al frente de una empresa argentina, y últimamente fue contratado por Ancap, para asesorar al ente de los combustibles en todo lo atinente a su asociación con un «socio» privado.

Su hermana, Julia Atman, implicancias de lado (como la de ser funcionaria de UTE, en comisión en Casa de Gobierno y gerente general de la UREE), es una reconocida profesional del más alto nivel, al igual que su hermano Pedro. Siendo la gerente de la Unidad Reguladora de la Energía Eléctrica es, sin duda, una de las personas que ha propiciado esas medidas que, no cabe duda, son contrarias al mejor interés nacional, especialmente en este caso, valorando el perfil estratégico de UTE.

Habría que preguntarles a los integrantes de esa Unidad Reguladora, ¿quiénes harán las inversiones en el sistema eléctrico en Uruguay de ahora en adelante? ¿Alguna de las tres más importantes empresas argentinas que actúan en el sector? ¿Por qué UTE no puede comercializar más su energía con los grandes consumidores?

Obviamente, el objetivo es intentar atraer a los proveedores de energía privados, sin importarle a la Unidad Reguladora ni al gobierno, que UTE se vea menoscabada en sus posibilidades de expansión, retaceándole la posibilidad de competir. Ni siquiera estos neoliberales respetan las más elementales normas de mercado que –dicen– todo lo resuelve.

Este tema es para seguir considerándolo, pues es el interés nacional lo que está en juego en el mismo. *