Comisión para la Paz: el largo camino hacia la verdad

Todos saludamos como un paso significativo la decisión del presidente Jorge Batlle de conformar la llamada Comisión para la Paz. Entendimos que era un avance en el camino hacia saldar la deuda que el Estado mantiene en la investigación de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

En el pasado mes de agosto, cuando la Comisión para la Paz cumplió un año de incesante labor, escribimos: «Seguramente la historia lo recordará (a Jorge Batlle) como el primer Presidente que demostró una auténtica voluntad para propiciar que la sociedad uruguaya rindiera esa asignatura pendiente. (…) La instalación de la Comisión para la Paz y la tarea desarrollada durante un año echan por tierra el razonamiento según el cual a partir de la ratificación de la Ley de Caducidad, el tema de los desaparecidos ‘ya está laudado’. (…) Fue nada menos que el reconocimiento oficial de que no era un tema definitivamente laudado; fue la manera que encontró el doctor Batlle de acatar lo prescripto en el artículo cuarto de la Ley de Caducidad».

A la salida de la dictadura, el sentimiento mayoritario en la sociedad civil y en la clase política era que debía actuar la Justicia. Que los acusados de terrorismo de Estado (detenciones arbitrarias, secuestros, torturas, muertes, desapariciones) deberían comparecer ante las sedes judiciales donde serían investigados y recibirían el castigo que el magistrado les impusiera de acuerdo con la legislación vigente. El reclamo de la población –de las fuerzas progresistas (las que más habían sufrido la vesanía de los motineros) y de los partidos tradicionales– se sintetizaba en las expresiones ‘verdad y justicia’ y ‘juicio y castigo’. La ratificación plebiscitaria de la Ley de Caducidad obligó a eliminar de las consignas los conceptos de juicio y castigo, para quedarnos solamente con la exigencia de verdad. Exigencia que –como todos sabemos– fue sistemáticamente ignorada por Sanguinetti y Lacalle, quienes pretendieron que todo se olvidara y que todo se perdonara. El problema es que para perdonar, previamente es preciso saber dos cosas: qué se perdona y a quién se perdona.

El silencio oprobioso del Estado pudo finalmente romperse para que se confirmara oficialmente lo que desde hace veinticinco años se viene denunciando; falta la ratificación oficial a propósito de los nombres vinculados con las atrocidades cometidas contra los opositores a la dictadura. Falta que se confirme una parte de la verdad, de manera que todos sepamos –y las generaciones futuras no lo olviden– que hubo uruguayos capaces de bajezas inconcebibles; y quiénes son ellos.

Hace una semana escribíamos: «Más allá del castigo que merecen los centuriones, más allá de su sometimiento a la Justicia, la oposición torpe a toda investigación impidió que se respondiera a las consabidas preguntas ‘qué, quién, cómo, cuándo, dónde’, que es a lo que aspira todo individuo y toda comunidad, y que son imprescindibles si de veras se quieren cerrar heridas y ‘sellar la paz’ de manera definitiva y sobre bases sólidas. Saber la verdad es el primer objetivo; conocer lo que pasó, las circunstancias en que se produjeron la violaciones de los derechos humanos y quiénes fueron los verdugos.»

Sabemos que mientras esté vigente la Ley de Caducidad, mientras no haya posibilidad de revisar esa norma, no podremos exigir que actúe la Justicia ni esperar que los terroristas de Estado sean castigados. Pero sí podemos aspirar a conocer toda la verdad, a que el Estado reconozca oficialmente lo que sucedió y a que las Fuerzas Armadas asuman sus responsabilidades y hagan un mea culpa tal como ocurrió en Argentina. *