Los ataques a la Justicia en Rivera

Las amenazas telefónicas al juez Alberto Basil y, posteriormente, el atentado a balazos que sufrió el magistrado en la madrugada del miércoles, han venido a agregar una nota más de dramatismo y preocupación sobre lo que ocurre en el Departamento de Rivera, afectado como es notorio por el crecimiento de la desocupación y la crisis económica.

Hasta el momento, el gravísimo episodio tiene algunas aristas confusas que no hacen a la médula del asunto: el hecho es que, después de procesar a un buen número de funcionarios policiales y aduaneros, el jerarca judicial ha sido objeto de ataques con todos los perfiles de una amenaza mafiosa.

Algunos medios de prensa de Montevideo y de la ciudad de Rivera hablan con insistencia de que la responsabilidad de los disparos hay que situarla en el ámbito de un grupo de sicarios que actuaban al servicio de los aduaneros, como apoyo en la vigilancia de los matutes con los que se maniobraba.

Desarticulada la organización delictiva en la que –junto con los funcionarios aduaneros– revistaban también varios policías, incluyendo a un jerarca de esa dependencia, los vigilantes –como suele ocurrir– habrían quedado como «mano de obra desocupada», bien dispuesta para descargar su encono contra los representantes de la Justicia.

Una lógica implacable ha llevado de las prácticas del contrabando a la de los atentados intimidatorios contra un juez: es la reproducción en pequeña escala del nacimiento de las mafias europeas y norteamericanas.

En el episodio hay por un lado un aspecto simbólico de gran relevancia, como lo es la acción criminal a un encargado de tipificar los delitos y administrar las penas en nombre del interés general, en función de unos intereses que son los de toda la sociedad.

El avasallamiento de los derechos de un magistrado, los intentos de intimidarlo o eliminarlo físicamente, es la victoria de la ley de la selva sobre el estado de derecho y constituye, a corto o mediano plazo, el inicio de la demolición del sistema de garantías construido al amparo de las leyes y del respeto por las instituciones.

Al mismo tiempo, junto con este poderoso contenido simbólico, la situación coloca al gobierno y al conjunto de la sociedad ante la evidencia de la existencia embrionaria de un poder mafioso extendido e influyente, con lazos firmes que van más allá de los vínculos que nacen de la acción delictiva.

Todo crimen impune es una bofetada a los sentimientos ciudadanos, es una forma de desvirtuación del sistema democrático y de las garantías que la democracia ofrece a partir del principio de la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

Pero esta agresión a la democracia, esta vulneración del principio de igualdad ante la ley se vuelve mucho más corrosivo si la impunidad beneficia a sujetos ligados a funcionarios administrativos y policiales acusados de una compleja y aceitada maraña de delitos.

A lo largo de su trayectoria como jefe de las policías de todo el país, el actual titular del Ministerio del Interior ha dado pruebas fehacientes de su estricto sentido de la legalidad y su constancia para depurar, mejorar y calificar el instituto policial.

Sanear los focos mafiosos enquistados en el aparato del Estado –o en simbiosis con él– es una necesidad básica de la sociedad. En los últimos años, todos los organismos especializados en este tipo de situaciones han advertido sobre la importancia que han tendido a adquirir estas patologías en muchos países de nuestra América Latina.

Cualquier vacilación en esa lucha puede resultar negativa a corto plazo. Las autoridades nacionales tienen la palabra y, sin dudas, el apoyo de la ciudadanía que sabe que el crecimiento de los delitos en el Estado es siempre una grave amenaza para la democracia. *