"Quedarán hechos una pinturita"

HECTOR ACOSTA GARCIA

 

«Le dije al Presidente que sentí la necesidad de plantear el tema de los asentamientos con gran fuerza, porque creo que existe en el país un sector de la población que no tiene recursos propios».

La afirmación del entonces senador doctor Jorge Batlle, marcaba el fin de la polémica por él promovida hacia la interna del Partido Colorado, que confrontaba la opulencia del Proyecto de Construcción de la Torre de las Comunicaciones, con la miseria de los asentamientos irregulares.

El acuerdo alcanzado en mayo de 1997 entre el entonces presidente doctor Julio María Sanguinetti y el líder de la Lista 15, descartó la tesis de que ambas temáticas fuesen contrapuestas en la estrategia del gobierno.

Así, a la vez de acordar la construcción de la Torre de Antel, convinieron en impulsar paralelamente, un plan para la eliminación de los asentamientos irregulares.

«El Partido debe tomar para sí la bandera de las políticas sociales», afirmaron en la oportunidad importantes voceros del Partido Colorado, a la vez de sentenciar que ellas habrían de constituir «la proa en el accionar del gobierno».

Y es que el tema de los asentamientos, que irrumpió con fuerza en nuestro país alrededor del año 1950, se había ya convertido en una de las manifestaciones más dolorosas de la sociedad uruguaya, consecuencia directa de la desocupación, el bajo nivel salarial y la migración interna.

Las cifras oficiales del censo de 1996, situaba en 150 mil las personas viviendo en asentamientos, 4,6% de la población total del país, correspondiendo 120 mil a Montevideo y 30 mil al resto del país.

A la vez, un estudio sobre el tema determinaba que su crecimiento desde la restauración de la democracia en 1984, era de un 10% anual acumulativo.

No obstante, más allá de la visita del gobierno a alguno de los nucleamientos montevideanos para «ver qué se puede hacer, ver cómo se puede ayudar a esta gente» y del compromiso del Poder Ejecutivo para «urbanizar un poco todo esto», no existieron novedades mayores en la situación hasta julio de 1999, cuando en plena campaña electoral se firmó con el BID un convenio para la regularización de los asentamientos. El Proyecto PIAI tendría un costo de U$S 110 millones, con una cifra efectiva de inversión de U$S 99 millones y un plazo de ejecución de cuatro años.

Para entonces, un informe elaborado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, calculaba que dar solución al tema de los asentamientos irregulares en todo el país, tenía un costo de U$S 341,6 millones y que la cifra de personas afectadas se estimaba en 185 mil.

Fiel a su sensibilidad en el tema, el entonces candidato presidencial doctor Jorge Batlle afirma en un acto público en la ciudad de Pando que, en caso de ganar los comicios, utilizaría el dinero del préstamo del BID para dejar los asentamientos irregulares.

«Hechos una pinturita»

Asimismo, definiendo el combate a los mismos como uno de los temas prioritarios de su propuesta, firma con el Partido Nacional durante la instancia del balotaje de noviembre, el Compromiso de Gobierno de la coalición, que sostiene: «Asentamientos: Prevención por medio de planificación y gestión de ordenamiento territorial, política de vivienda focalizada, lotes con servicios, cartera de tierras urbanizables, regularización de los existentes con la inserción física y social a la trama urbana, solucionando la propiedad de la tierra. Plan a favor de los barrios con carencias utilizando el programa financiado por el BID ya aprobado por U$S 110 millones».

Pasados ya dos años desde entonces, la realidad, la tozuda realidad, nos «canta la justa». Sólo en el departamento de Montevideo existen a la fecha más de 300 asentamientos, donde había 34.000 familias –alrededor de 70 mil personas– de las que las dos terceras partes son niños. Las condiciones de vida de estos compatriotas se encuentran entre las peores del continente, por debajo incluso de las favelas de Brasil, según constató un experto del BID en el tema.

Las construcciones son de barro, lata, cartón, maderas y bloques. La mayoría es de un solo ambiente y sus pisos de tierra, inundándose con facilidad.

El programa del BID, por su parte, atiende sólo a algunos de los asentamientos, aquellos que reúnen determinadas condiciones de antigüedad, ubicación en zona donde sea posible realizar tareas de saneamiento y caminería, está al margen de cualquier litigio judicial y contar con más de cuarenta lotes.

Otorga la infraestructura mínima, que comprende fraccionamiento de los terrenos, saneamiento, desagües de pluviales y mejoras en el acceso a la energía eléctrica y el agua potable.

A la fecha atiende tan sólo a 21 asentamientos en todo el país.

Un ministro de Estado, comentaba sobre el tema: «Vinieron unos iluminados del BID, de esos que conocen qué es lo que hay que hacer en los países, y determinaron que las cosas fueran así y si no, no funcionarían. Resulta siempre que en estos proyectos sociales, a los beneficiarios les llega el 20% de los recursos y el 80% queda en el camino, en consultorías y otros gastos».

Así, en tanto la Torre de las Comunicaciones se yergue cada vez más enhiesta, más opulenta, más soberbia y el Foro Batllista vuelve a la carga con su discurso de hacer de las políticas sociales la proa de su soñado próximo gobierno, la esperanza de solución a los padecimientos de estos compatriotas –muchos de ellos con el cantegril como única experiencia de vida– se ha ido apagando con cada día en estos cincuenta años de existencia de la problemática. *