Reivindicación del imperio del derecho

En estas terribles horas que vive la humanidad no podemos menos que demostrar nuestra satisfacción por el apoyo expreso a la convivencia, pacífica y civilizada, entre estados y personas, con subordinación a las normas del Derecho Internacional, que ha significado la resolución del reciente Congreso del Frente Amplio –ratificada posteriormente por la Mesa Política Nacional– en la que «reclama la ratificación del Tribunal Penal Internacional a nuestro gobierno y a todos los países del mundo» (el subrayado me corresponde).

Para el suscrito –que viene opinando sobre el tema desde el mes de marzo– esta resolución ejemplifica sobre los esfuerzos renovadores dentro del Frente Amplio, más aun cuando ha emanado en primera instancia del organismo representativo de la voluntad de las bases, es decir, del pueblo frenteamplista. Asume la tarea de impulsar la ratificación dentro de nuestro país e insta a hacerlo a todos los países del mundo, en muestra de responsabilidad de una organización política, en este tema que hace hoy al destino de la raza humana, demostrando también en ello su vocación de gobierno y tomando posición democráticamente –no demagógicamente– de cara a la eterna lucha por el Derecho y la Justicia en el mundo.

 

La competencia del Tribunal

 

El Tribunal o Corte Penal Internacional es una instancia judicial independiente, pero vinculada a las Naciones Unidas, de carácter permanente y alcance potencialmente universal, competente para enjuiciar a personas –no estados– por «los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto», a iniciativa del Fiscal Internacional, de un Estado parte o del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En las actuales circunstancias que vive el mundo, cuya génesis es motivo de exhaustivos análisis multidisciplinarios, parece no obstante imperioso dar a luz rápidamente esta herramienta jurídica –como eventualmente otras– antes que la barbarie nos sumerja a todos definitivamente en las tinieblas.

Reivindicar el imperio del Derecho, a través de las Naciones Unidas, es la única alternativa al crimen, a la destrucción, al caos y al apocalipsis. Es por esta razón, además de todas las otras que ameritaron el impulso para su creación por parte de cientos de organizaciones no gubernamentales, a lo largo y a lo ancho del mundo, que la Corte Penal Internacional adquiere hoy un carácter paradigmático en la búsqueda de salidas, oponiendo lo humano a lo inhumano. Y el Derecho es la creación humana por excelencia. Sin el Derecho es imposible la convivencia humana y ante él todos deben ceder, débiles y/o teóricamente poderosos, posibilitando el aislamiento y extinción de los inhumanos. Sin bombardeos ni masacres, pero utilizando la fuerza coercitiva de la comunidad internacional, representada por las Naciones Unidas, para capturar a los criminales.

 

«Matar al monstruo»

 

Sin pretendidas disquisiciones sociológicas, históricas y/o metafísicas, pensamos que los fundamentalismos, aun cuando no son inherentes a la naturaleza humana, tampoco son solamente patrimonio de sectas religiosas incursionando en causas políticas. Desgraciadamente también florecen en los colectivos políticos, desarrollados y en modernidad, la intolerancia, el fanatismo, el dogmatismo, el sectarismo, el autoritarismo, la soberbia, la cobardía, la traición, la maldad, la hipocresía.

Ingredientes a veces casi naturales en los ámbitos de poder, perceptibles y sufribles por la inmensa mayoría de los humanos en todo el mundo, provocan tragedias mayores o menores cuando escapan a cualquier prevención y/o control.

¿Qué dirá hoy el senador norteamericano que el 23 de julio de 1998, en un discurso ante el Subcomité de Operaciones Internacionales del Senado, donde se discutía la ratificación por EEUU del Tratado de Roma, calificó a la Corte Penal Internacional como «el monstruo que necesitamos matar»? ¿No era una agresión a los países civilizados, de todos los continentes, ratificantes del Estatuto de Roma –lo cual EEUU no ha querido hasta el momento hacer–, intentar imponer inadmisibles reservas para proteger a los norteamericanos del peso de la ley? ¿No pensaron que, desde su pedestal democrático, bloqueando el instrumento jurídico internacional, coadyuvaban a darle vida a los verdaderos monstruos que iban a salir a matar? ¿No fue esa, en definitiva, una actitud fundamentalista de quienes, por su poder, están obligados a demostrar la mayor adhesión a las normas jurídicas internacionales?

 

Alguna reflexión final

 

Ahora las Naciones Unidas deberán parar esto lo antes posible, limitando las acciones a la aprehensión de los criminales para su posterior juzgamiento. Ello en el plano jurídico, más allá de las acciones políticas imprescindibles. Pero hay que detenerlos, aplicando la coerción proporcional a la finalidad de capturarlos. Caso contrario, sería resignar a la humanidad a tolerar la impunidad. De haber estado en vigencia el Estatuto de Roma el Consejo de Seguridad hubiera dispuesto, sin duda, el juzgamiento por la Corte Penal Internacional y no por los tribunales de EEUU, para darle mayor legitimidad al proceso y castigo. Pensamos en la paradoja que representaría la aplicación de la pena de reclusión perpetua –máxima permitida por el Estatuto de Roma– contra la de muerte, seguro final de un juicio en los EEUU; los fanáticos buscadores de la felicidad por la muerte violenta estarían obligados a esperar años –para ellos interminables– hasta alcanzar plácidamente, no bélicamente, el final de sus días, sin certeza de premios en el más allá. Imposible peor castigo y mejor disuasivo. *