Seguridad social: el Estado debe cumplir su papel

Es muy loable la preocupación de un grupo de diputados blancos, colorados y nuevoespacistas que se reunieron con el secretario de la Presidencia, doctor Raúl Lago, para anunciarle que promoverán iniciativas legislativas tendientes a mejorar la situación que padecen los sectores de la sociedad más castigados.

Sin duda los efectos sociales devastadores del neoliberalismo globalizador son demasiado evidentes como para soslayarlos alegremente, y cualquier persona medianamente sensible experimenta dolor y rebeldía ante una realidad de pobreza, marginación y deterioro de las relaciones sociales.

En un régimen capitalista, que se funda en el afán de lucro y en la acumulación de capital, parece inevitable que se generen injusticias. Es por eso que el Estado debe asumir un papel protagónico para corregir la inicua distribución de la riqueza, algo que ha ocurrido en Europa occidental, cuando los gobiernos de tinte socialdemócrata crearon una seguridad social sólida y eficaz, capaz de amparar a los individuos que por una razón u otra se veían impedidos de generar riqueza.

Un sistema basado en la solidaridad, un valor opuesto al egoísmo individualista motor de la economía.

En Uruguay, desde principios del pasado siglo, los gobernantes –notoriamente Batlle y Ordóñez– fueron echando las bases de una legislación social que pretendía amparar al trabajador frente a los abusos del empleador, y de un régimen de seguridad social que incluye jubilaciones, pensiones, seguro de enfermedad, seguro de paro, asignaciones familiares, etcétera.

Pero naturalmente, la eficiencia del sistema depende en gran medida de la voluntad política de los gobernantes. Y ocurre que desde hace unos cuantos años estamos asistiendo a un sistemático desmantelamiento de todos aquellos mecanismos tendientes a brindar protección a los desprotegidos.

Cuando se ha fijado un salario mínimo absolutamente indecoroso y casi insultante, nadie puede sostener que el Estado cumple sus cometidos. De ese salario mínimo dependen los ajustes jubilatorios, y el mismo es usado también para ‘topear’ otras prestaciones como los seguros por enfermedad. Se trata de desvirtuar premeditadamente la esencia misma del sistema de modo de lograr su descrédito a los ojos de la opinión pública.

En ese contexto, el planteo de los diputados contiene una cierta dosis de ingenuidad. Con un equipo económico únicamente preocupado por cumplir los dictados de los organismos financieros internacionales y absolutamente insensible a la situación de miseria en que están sumergidos tantos uruguayos, sería ilusorio esperar un cambio de actitud del gobierno. *