El Círculo Policial defiende potestades de la Policía

La cuestión de la «misión de las Fuerzas Armadas», que se discutió, aunque de manera incompleta e intermitente, a la salida de la dictadura no ha sido a menudo suficientemente jerarquizada en el debate público, dada su importancia institucional.

Ciertos enfoques, obtusamente pragmáticos, han preferido soslayar la importancia de examinar con atención cuáles son los parámetros legales y de orientación en torno a los cuales se organiza la estructura militar del país.

Como suele ocurrir, los temas postergados reaparecen y a menudo de manera aún más complicada que cuando se pudo y se debió anticipar decisiones.

En declaraciones formuladas a El Observador, autoridades del Círculo Policial han expresado su preocupación ante lo que creen son decisiones inadecuadas del Poder Ejecutivo con relación al incremento de las tareas de las Fuerzas Armadas en tareas que históricamente han sido desplegadas desde la órbita del instituto policial.

El planteo que, en ese punto específico realizan los inspectores principales retirados Héctor Domínguez y Juan Martínez son, a nuestro juicio, doctrinaria y constitucionalmente acertados.

Los oficiales mencionados expresaron que «las tareas de control de pasajeros y equipajes en el aeropuerto de Carrasco» deben estar en manos de la Policía, y rechazan «la eventual intromisión de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, a cargo de las Fuerzas Armadas, en el área específica de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, en manos de la Policía».

Parece totalmente razonable el punto de vista de los dirigentes del Círculo Policial. El Instituto, cuyo campo específico de acción reivindican, es el que está legal y técnicamente preparado para labores de vigilancia, contralor e indagación en un orden de funciones que presuponen un contacto estrecho con la población civil.

La acción específicamente policial, bajo la supervisión –que la Constitución y la ley reglamentan– de la fiscalía y los magistrados constituye la vía institucional adecuada cuando se trata de tareas de la naturaleza indicada.

El punto tiene muchas aristas importantes. Porque, a la vez, la asignación a las Fuerzas Armadas de funciones que tienen relación con la problemática del orden interno o la «lucha contra el terrorismo» tiende, como recordaba hace apenas unos días el General (r) don Víctor Licandro, a aproximar el accionar actual del colectivo militar a las concepciones de la tristemente célebre Doctrina de la Seguridad Nacional.

Las extemporáneas declaraciones públicas del Coronel (r) Manuel Cordero, que reivindica en términos inadmisibles los crímenes cometidos durante la dictadura y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, dan una idea de la fuerza de impregnación que aquella doctrina ha conseguido, al menos en una parte de los integrantes de las Fuerzas Armadas.

¿Desde qué concepciones se asumen funciones de inteligencia por parte de los militares? ¿En función del pensamiento de Cordero, Gavazzo y de las autoridades que reciente y periódicamente los reivindican? ¿Cuál se presume que será la actitud de la población ante un incremento de la presencia de los militares en materia de vigilancia, inteligencia y contralor? Desde el punto de vista estrictamente técnico-militar, ¿es eficiente un cuerpo militar que no cuenta con la confianza y el respaldo de la población civil?

En otro orden, no parecen enteramente compartibles las expresiones de los ex jerarcas policiales cuando objetan los pasos hacia la eventual creación de una «policía judicial». Se trata de un orden de propuestas inspiradas en concepciones modernas, con respaldo técnico e inspiración humanista que no tienen por qué ser visto como un factor de menoscabo de la integridad y dignidad de la institución policial. Todo lo contrario. *