La vivienda: un problema social que espera solución

El artículo 45 de nuestra Carta Magna establece lo siguiente: «Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para ese fin.»

Como suele ocurrir –lamentablemente– con otras cuantas disposiciones constitucionales, ésta no pasa de ser una bonita enunciación de propósitos que la realidad se encarga de negar de manera ostensible.

De más está recordar que los problemas sociales no se resuelven por decreto; si así fuera, podría promulgarse una ley que proscribiera la pobreza en todo el territorio nacional y se terminaría así un grave problema. No obstante, cabe esperar de los gobiernos que implementen ciertas políticas destinadas a cumplir los preceptos constitucionales. Fuerza es reconocer que algo de eso se ha hecho; pero las administraciones han exhibido un comportamiento errático que ha significado un obstáculo para el logro del fin perseguido. Pensamos en el Banco Hipotecario, en el Instituto Nacional de Viviendas Económicas, en el Plan Nacional de Vivienda y en otros emprendimientos y organismos que han resultado inoperantes y cuyos fines se han desvirtuado.

Obviamente, el problema de la vivienda no puede considerarse aisladamente de la realidad económico social del país. Y es impensable que pueda hallarse una solución correcta mientras se mantenga el modelo particularmente excluyente que nos agobia, con su secuela de calamidades sociales. Precisamente, aquellos sectores a quienes deberían estar dirigidas las ‘soluciones’ para acceder a una vivienda decorosa, están integrados por asalariados que han visto caer en forma estrepitosa su nivel de ingreso y, por consiguiente, su capacidad de consumo y de ahorro; y en el peor de los casos, han quedado lisa y llanamente sin trabajo y forman parte de ese indecente dieciséis por ciento de desocupados. Dicho en otras palabras: los supuestos beneficiarios de los diversos planes de vivienda no pueden hacer frente al pago mensual de la cuota.

El problema de la vivienda es, pues, otro de los que el sistema no es capaz de resolver. El capitalismo salvaje promueve pobreza, marginación, injusticias, pero no halla las respuestas adecuadas para combatir esos males, sencillamente porque esas soluciones significarían atacar los principios esenciales del propio sistema.

La solidaridad es enemiga del afán de lucro. Por eso es fundamental –en un régimen capitalista– la existencia de un Estado sólido y regulador de la actividad económica. Un Estado que cumpla su función de redistribuir la riqueza de modo de asegurar bienestar a toda la sociedad.

Hace demasiado tiempo que se viene demostrando la absoluta incapacidad del mercado para asegurar una justa distribución del ingreso.

En esas condiciones, ¿puede esperarse que el artículo 45 de la Constitución sea una realidad?*