El eje Mercosur

A fines de 2000 una reunión de ministros de Transporte, Telecomunicaciones y Energía, de América del Sur, definió la realización de varios ejes de transporte que atravesarán todos los países del continente, los cuales, junto a otros ya concretados, implican una inversión de 50.000 millones de dólares en obra pública. La financiación de la fabulosa suma sería con fondos públicos y privados, como asimismo el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y otros dos organismos internacionales de crédito de menor relevancia. Dentro de ese paquete resuelto por los ministros, está el eje Mercosur, que unirá a San Pablo con Santiago de Chile y Valparaíso, cruzando Uruguay y Argentina, y abarcando obras por 2.000 millones de dólares que afectan a los cinco países del bloque regional. Las obras las definen naturalmente los países dentro de sus límites territoriales, construyendo o concesionando carreteras, puentes, vías férreas, etcétera, adecuadas al proyecto común, requiriéndose obviamente los acuerdos mutuos cuando se trata de enlaces o uniones físicas binacionales, caso típico de puentes y/o túneles en las fronteras de los estados.

 

La concesión de obra pública por iniciativa privada

 

En el contexto descripto cobra relevancia este instrumento jurídico, incorporado a la normativa nacional de Uruguay y Argentina. Ya no se trata sólo de concesionar la ejecución, refacción, mantenimiento o conservación de la infraestructura ofrecida a esos efectos por el Estado, explotando los concesionarios o adjudicatarios, por un período de tiempo determinado, los servicios correspondientes. Ahora también, desde el año 1997, año en que ambos países dictaron sendos decretos, los particulares pueden presentar propuestas para la generación de proyectos relacionados con la obra pública, calificándose entonces la misma como de iniciativa privada. El Estado analiza la propuesta, y si la considera de recibo pone en marcha el proceso que culmina en una licitación pública, nacional o internacional, previa a la ejecución de la obra, por concesión, pudiendo ganar la licitación el proyecto original u otro. Tal en síntesis este instrumento a utilizar por el Estado en la obra pública, pasados ya los tiempos en que se hacía con recursos públicos exclusivamente. Lo que no puede el Estado –nos parece– es ignorar las ideas o propuestas que articulen seriamente los particulares, cumpliendo la normativa vigente. Tal el caso del enlace vial Punta Chaparro (departamento de Soriano – Uruguay) – Zárate Brazo Largo (Provincia de Entre Ríos – Argentina). Enlace vial que fue soñado ya por visionarios en el siglo XIX y considerado por relevantes figuras, sociales y políticas, regionales y nacionales, en el siglo XX.

 

¿Por dónde cruza el eje Mercosur?

 

Se definió oficialmente, en su momento, que el cruce para el megaproyecto integrador sería a través del puente Colonia-Buenos Aires. No sabemos cuál será el futuro de la misma y no será objeto de especulación para quienes impulsamos el enlace vial litoraleño. Nosotros argumentamos a favor del mismo y somos partidarios de todos los nexos físicos, y también de los espirituales. Consideramos a este enlace vial financieramente abordable, aun en la actual situación de crisis, por su bajo costo relativo, técnicamente posible, según opiniones calificadas, económicamente rentable, y básicamente integrador. No contraponemos pues esta propuesta a las otras opciones de interconexión vial, presentes y/o futuras. Solamente pedimos la libertad correspondiente para que los posibles usuarios definan lo que más conviene a sus intereses, abriendo todo el abanico de posibilidades, lo que redundará en beneficio de las regiones directamente afectadas y de los países involucrados.

 

Un riesgo para el Uruguay

 

Si el gobierno no se expide sobre el proyecto que impulsamos, corremos el riesgo cierto de ser dejados de lado, si se insiste en inversiones muy grandes que no se avizoran.

Además, Argentina y Brasil no están obligados a transitar por nuestro territorio pagando peajes exorbitantes puesto que tienen sus propias interconexiones, y han demostrado en el Mercosur que, llegado el momento, hacen lo que les conviene. Intentemos pues con algo más de acuerdo con la situación financiera actual, generando por añadidura puestos de trabajo rápidamente. Si el gobierno uruguayo condiciona caprichosamente el enlace vial litoraleño a la ejecución del puente Colonia-Buenos Aires, lo más probable es que no se concrete ninguno de los dos. No es éste un dilema para políticos, sino para estadistas. *