Dura realidad

Los malos presagios que se cernían sobre la política económica del nuevo gobierno se van haciendo realidad.

Las declaraciones del equipo económico han dejado grandes insatisfacciones y similares preocupaciones. En particular se confirma la intención de bajar sueldos y jubilaciones, como forma de abatir el déficit fiscal. La afirmación de que no habrá aumentos para los funcionarios públicos, excepto para policías y militares, conlleva el objetivo de abatir el salario público e incide en deprimir las jubilaciones, dado que su índice de ajustes es por el promedio del salario público con el salario privado.

Aquí cabe señalar un hecho grave, que rompe la tradición uruguaya: siempre que se habló de aumentos especiales por encima del funcionariado de la Administración Central, se contempló de una manera equivalente a docentes con los funcionarios de la seguridad y la defensa. Esperemos que no se concrete dicho anuncio discriminatorio o de lo contrario el Presupuesto General, restablezca la equivalencia que históricamente han tenido dichos sueldos.

Simultáneamente de estimular la rebaja salarial del sector público se manda una señal al sector privado para contener y deprimir el nivel salarial.

Objetivamente con esta rebaja de sueldos y jubilaciones se concreta un ajuste fiscal indirecto, que se refuerza con la contención del gasto.

Debemos señalar que esto no se va a compensar con un aumento del número de empleos, ya que la caída de la inversión indiscriminada como se está planteando, puede llevar a graves situaciones en cuanto a la generación de nuevos puestos de trabajo. La baja de la inversión, con la disminución de ingresos tendrá efecto negativo sobre la demanda nacional.

La inquietud en el sector laboral y en los jubilados crece con justa causa. Del anterior gobierno quedan dos perlas a resolver. Entre gallos y medianoche, en febrero, cuando ya se iba la anterior administración se emitieron dos decretos que afectan a cientos de miles de trabajadores, con una interpretación sobre textos legales de antigua data. Uno se refiere a eliminar el salario vacacional en el cómputo de ingresos a tener en cuenta para el cálculo del aguinaldo, se le quita el carácter remuneratorio. El segundo, del 11 de febrero, se refiere al descanso intermedio, modificando el actual régimen de libre disposición, quedando el personal a la orden del empleador o si no el descanso se puede dividir en varias partes que luego se computarán como parte del descanso intermedio.

Lo grave de estos decretos es que se trata de textos legales con muchos años de vigencia y que se adopta una tesis restrictiva que afecta al sector laboral, al que no se ha consultado para nada.

El Estado pierde su papel de equidistancia y de defensa del sector más desvalido y adopta por medio del mecanismo del decreto, posiciones pro patronales. De la misma manera que el Artículo 29 de la Ley de Inversiones, que tuvo un carácter confiscatorio sobre el derecho de los trabajadores, y en claro beneficio del sector empresarial, estos decretos siguen inclinando la balanza en el mismo sentido, con una metodología extemporánea de silencio y alevosía.

El nuevo gobierno y el nuevo ministro de Trabajo tienen la palabra para restaurar el principio de equidad y diálogo en el derecho laboral, en la medida en que se han interpuesto recursos de revocación.

Avance lateral hacia las privatizaciones

Dentro de los anuncios del equipo económico se habla de crear una Unidad Central de Regulación, para concretar una progresiva desmonopolización de las empresa públicas. Si esta unidad se crea por decreto,habrá que estudiar sus límites constitucionales, ya que recorta notoriamente las potestades de los entes autónomos del Estado. Aquí cabe un estado de alerta contra los pujos privatizadores, que desnaturalicen claros pronunciamientos de la ciudadanía en cuanto al papel de las empresas públicas. Esta unidad extenderá el antecedente del marco regulatorio del sector energético y abarcará ferrocariles, combustibles, agua, correos, salvándose (por ahora) de ser incluidas en esta superunidad las telecomunicaciones. Habrá que estar alerta para ver cómo se concreta esta iniciativa. Aquí un gran tema es la democratización del Estado. La participación de la minoría en su papel de contralor y garantía de la ciudadanía. Este tema aparece con mucha fuerza en cuanto a la integración de los directorios de los entes autónomos, pero también involucra a las comisiones de las licitaciones. Si se quiere garantía de transparencia se debe dar participación al Encuentro Progresista y al Nuevo Espacio en estas comisiones, de manera de estar presentes desde la determinación de los pliegos licitatorios. La experiencia de la Playa de Contenedores del Puerto de Montevideo es muy aleccionante.

Los sectores progresistas deben ser parte activa en el contralor del Estado en todas sus manifestaciones.

En esta nueva etapa más que una actitud de resistencia, la izquierda y las fuerzas progresistas deben empuñar la bandera de la democracia y hacer de ella su idea fuerza. Por la positiva y en ofensiva.

La dura realidad y los efectos sociales de la crisis, nos obligan a actuar con una mentalidad moderna, para ayudar al progreso tecnológico y educativo, para insertarnos en la nueva realidad internacional, pero, simultáneamente, para no retroceder en las conquistas democráticas.