Desprolijidades en la gestión municipal

CRISTINA FERRO

 

La IMM pagó por un terreno de 2 há contaminado, inundable, atravesado por una cañada cuyo valor catastral es de 119.000 dólares, la friolera de U$S 390.000.

Lo pagó, después de dejar pasar desde que comenzó a conocerse la situación de contaminación de La Teja casi un año y después de 10 años de promesas incumplidas en ese mismo barrio y en el mismo asentamiento Rodolfo Rincón.

Lo hizo en una operación oculta no solamente ante la Junta Departamental y ante la opinión pública sino que engañó inclusive al Ministerio de Vivienda al que le entregó el terreno antes de pagarlo y le hizo incurrir en la irregularidad de llamar a licitación en un terreno privado.

El terreno debía ser entregado según el convenio firmado entre ambas instituciones el 19 de junio de este año, libre de contaminación al Ministerio de Vivienda.

Hoy, lo que tenemos es simplemente la palabra del ministro Cat de que se harán estudios y de que no se levantará ni un solo ladrillo hasta que el predio esté libre de contaminación. Nadie, ni el propio ingeniero Lazo, director de Desarrollo Ambiental de la IMM, se ha animado a afirmar que el terreno no está contaminado hasta que no se remueva la tierra y sin embargo la Intendencia lo compró y el Ministerio lo aceptó.

Aparte de los 390.000 que pagó la Intendencia, antes de empezar a construir las casas se deberán abrir y pavimentar calles, nivelar el terreno que tiene desniveles de más de 3 m, hacer cordón cuneta, bocas de tormenta, entubar la cañada que atraviesa el predio y lo torna inundable, etc., repito, todo eso aparte de la construcción de las viviendas y todo a cargo del Ministerio, por un valor que sus técnicos fijaron en U$S 700.000, sin tener en cuenta la posible remediación del suelo, no calculada aún.

Si hay otros contaminados u otros inscriptos en el SIAV que ven atrasadas sus soluciones por falta de recursos, sepan que para solucionar y enmendar la mala, desprolija y oculta compra de la IMM, el Ministerio va a gastar por lo menos 500.000 dólares de más, innecesarios, que se le quitan a otra gente que necesita.

Todo este gasto de terreno e infraestructura de U$S 1:100.000 (un millón cien mil dólares), es para construir menos de 100 viviendas, mientras según dice el convenio se liberará al uso público el terreno actual del Rodolfo Rincón, luego de trasladadas las familias. Eso sí, se olvidaron de agregar: «después de procederse a su remediación». De lo contrario, los niños del barrio seguirán jugando en suelo altamente contaminado y contaminante. Seguramente la IMM después de gastar los 390.000 se excusará por falta de rubros y pretenderá que alguien le remedie el suelo municipal que no otra cosa es el terreno del Rodolfo Rincón.

Si sencillamente dividimos, nos va a resultar un costo de más de U$S 11.000 por lotes de entre 150 y 180 m

¿Cuántas familias se van a trasladar en realidad? ¿Qué censo se está manejando? El barrio tiene derecho a estar correctamente informado.

¿Sabe el Ministerio que hay 24 familias que viven en la franja lateral que reclaman se les analice el suelo porque aseguran que el de ellos no tiene relleno? ¿Por qué no se les escucha y se examina cada vivienda?

¿Se piensa en las familias del Rincón, que desde 1992 escuchan que se van y que no se van, que han descubierto ahora que su tierra está envenenada, se piensa en ellos cuando se decide llevarlas a predios desiguales, en sistema de propiedad horizontal, a viviendas de 32 m cuadrados, cuando las familias tienen un promedio de más de 4 hijos (algunas tienen 8 y 9)?

¿Se piensa en estas familias cuando no se ha previsto por parte de la Intendencia ni un solo Salón de Uso Múltiple o Salón Comunal ni la subestación de UTE que les reclamó el Ministerio?

¿Cuántas familias se van a trasladar en realidad? ¿Se tiene siquiera en cuenta que además esos niños están contaminados y que necesitan espacio e higiene, como necesita higiene su ropa y que todo esto no funciona en 150 m de terreno con 32 m

No es un asentamiento cualquiera, ni este de Rodolfo Rincón al que la Intendencia le debe un terreno desde 1992 ni el de Inlasa con el que sucede otro tanto. Esas familias conforman la realidad de una población contaminada que el intendente Vázquez conocía desde 1992 año del cierre de la fundición González Hnos. en Malvín Norte, casualmente el mismo año en que comenzó a tratar de sacarlos en silencio.

Pero en la Intendencia de Vázquez y Arana la burocracia pudo más que el interés por la salud de la gente.

Se responsabiliza en el convenio entre la IMM y el Mvotma a ambas instituciones de la confección del listado de familias. ¿Y el Ministerio de Salud Pública, el que supuestamente lleva el registro de los contaminados, no opina? Porque en el convenio no fue incluido.

Por todo esto es que hacemos pública nuestra solicitud formulada en la Junta Departamental.

a) Que las 5 UR que deben depositar las familias para ingresar al sistema del Ministerio les sean canjeadas por aporte comunitario, ya que no pueden ahorrar en el tiempo que les requieren y mejorar al mismo tiempo la alimentación de sus hijos para frenar y disminuir el avance del plomo en la sangre.

b) Que las soluciones habitacionales que se entreguen a estas familias dada su particular condición de contaminación, sean viviendas terminadas dejando de lado en esta oportunidad la entrega de Núcleos Básicos Evolutivos, pues no se ha previsto cómo estas familias podrían terminar sus casas y se daría al poco tiempo una verdadera condición de hacinamiento y cantegrilización, absolutamente tan previsible como indecorosa.

c) Que se integre al Ministerio de Salud Pública a los organismos que definirán las familias que deben ser realojadas.

d) Que se atienda la particular situación de 24 familias del asentamiento que entienden no estar contaminadas y se realicen los exámenes correspondientes que dejen en claro su situación, definiendo de esa manera si deberán o no ser trasladadas.

Eso sí, en el convenio no se olvidaron de fijar las reglas para no pelearse por la publicidad. De darse los resultados como se prevén, seguramente ambas instituciones preferirán ser olvidadas antes que recordadas en su participación en este realojo. Y todo por una irregular e inexplicable compra de la IMM que vuelve a reiterar errores muy graves cuando antepone intereses políticos a los intereses de la gente. *