40 años después

HECTOR ACOSTA GARCIA

 

«La crisis no es una palabra para la propaganda, está en la realidad de cada día. No hay salarios, sueldos, jubilación o renta modesta que alcance para vivir, porque la carestía se lleva todo».

«En la actividad privada se ha reducido el trabajo en forma tal, que cada quien conoce a algún familiar, amigo o vecino que sufre desocupación». «Ciento veinte mil compatriotas que registró el Censo, están en igual situación y muchos más sufren desocupación parcial, no registrada en ninguna parte. Los que trabajan, incluso obreros y empleados del Estado, cobran con retraso y tienen que recurrir a la huelga para que se les pague con una moneda que se desvaloriza cada día más. Las escuelas y demás centros de enseñanza, no tienen elementos para instruir y educar a los niños y jóvenes. Los hospitales carecen de medicamentos para curar a los enfermos».

«La producción global del país baja y al revés de lo que ocurre en la indicación estadística, ese producto no se distribuye uniformemente. La balanza comercial y los Presupuestos nacionales suman miles de millones de pesos de déficit».

«Proliferan los negociados y la corrupción administrativa, mientras se habla de «tregua política», de «esfuerzos patrióticos» en un intento por ocultar responsabilidades y se continúa sin atender las soluciones reclamadas por el movimiento sindical; procuran por todos los caminos –incluso por la vía de pactos regresivos– descargar el peso de la crisis sobre la espalda de los trabajadores y el pueblo, para salvar, así, sus privilegios». «Tras los tratados, compromisos y préstamos, el país resulta sometido cada vez más y más a los dictados del imperialismo norteamericano, y las clases dominantes abdican de nuestra soberanía e independencia».

«La crisis profunda que se vive y la conducta del gobierno, ponen de relieve que las clases dominantes han agotado su capacidad para conducir el país por caminos de progreso y bienestar general».

Estos conceptos –que bien podrían aplicarse a la realidad actual del país –pertenecen a la Declaración de Principios de la Convención Nacional de Trabajadores de octubre de 1966, donde ya se denunciaban los efectos más regresivos de la política fondomonetarista que el país acaba de adoptar: desocupación, precariedad, marginación, corrupción administrativa, déficit comercial, y en especial, una injusta distribución de las cargas y los beneficios dentro de la sociedad.

Casi cuarenta años de aplicación de estas políticas, lejos de revertir las situaciones de injusticia denunciadas en el documento de la CNT, han contribuido a su agudización. Porque hoy, el número de compatriotas afectados por el desempleo se han duplicado; el 20% de los núcleos familiares más pobres tienen ingresos inferiores a la cuarta parte de la canasta básica familiar; el salario real cayó desde 1968 a la fecha más del 40% y la brecha entre ricos y pobres se ha ensanchado. Los asentamientos irregulares (denominación edulcorada del cantegril) han crecido a más de 400 en todo el país y el número de personas que vive en ellos crece un 10% cada año; la emigración es una constante del período que desintegra a nuestra sociedad; asistimos al auge de la marginación social, la violencia, la drogadicción y la pérdida de valores. Mientras tanto, el endeudamiento externo bruto del sector público trepa próximo a los 10 mil millones de dólares y la plaza se convierte en un centro de especulación, de financiamiento del contrabando y lavado de dineros.

Como puede apreciarse, ocho lustros de aplicación de la receta neoliberal –donde han desfilado al frente de la cartera de Economía sus más prestigiosos técnicos nacionales, desde Charlone, hasta Bensión, pasando por Végh Villegas, Arismendi, Ramón Díaz, Davrieux, Mosca, De Posadas, entre otros; gozando incluso, de las «favorables condiciones» que sin dudas aportó a esta concepción económica, la dictadura cívico militar que gobernó al país entre 1973 y 1985– han confirmado las facetas altamente negativas de este modelo que no contribuye a la justicia social a que aspiramos con derecho y convicción, los uruguayos.

El Poder Ejecutivo debe –de una buena vez– responder a los reclamos generalizados de todo el espectro social y productivo del país, que exige el cambio inmediato de la orientación económica, promoviendo la conformación del Consejo de Economía Nacional que la Constitución prevé en su artículo 206, a efectos de definir colectivamente, el modelo alternativo capaz de materializar las necesidades económicas y sociales que el país reclama. *