¿Quién es responsable del deterioro de la imagen del Estado?

Que el Estado ha exhibido desde siempre una imagen de pesada lentitud y de ineficiencia, es un dato de la realidad. Se lo ha visto como un freno al desarrollo y como el responsable del rigor fiscal en razón de su avidez recaudadora. Un abogado sostenía que la historia del derecho financiero era la historia del ingenio de los contribuyentes estimulado por la voracidad del fisco. A nadie le gusta pagar impuestos, sobre todo si esos impuestos sirven para abonar estipendios principescos a los altos jerarcas (muchos de ellos incapaces, según lo reconoció el propio Presidente hace un tiempo) y salarios (bastante mezquinos) a la masa del resto de los funcionarios, cuyo número es visto como excesivo por la población. Si a ello sumamos el engorroso tramiterío ideado por los burócratas –y padecido por el ciudadano común– no es de extrañar que el Estado sea percibido como un enemigo de la gente.

Ahora bien. Esta imagen deplorable viene siendo cuidadosamente abonada desde hace unos lustros, concretamente desde el auge mundial de las doctrinas emanadas de la escuela de Chicago, por los sectores conservadores más recalcitrantes. Y ello es así porque el desprestigio del Estado y de sus empresas es la condición necesaria para que prospere en la mentalidad media de la población la urgente necesidad de desembarazarse del “ogro filantrópico” –según la expresión de Octavio Paz– y la consiguiente conveniencia de dejar todos los resortes de la economía en manos de particulares. La empresa privada es más eficiente, se nos repite sin tregua para que la gente lo acepte irreflexivamente como una verdad axiomática; la iniciativa privada, por estar sustentada en el afán de lucro, es una garantía de eficiencia y de progreso, nos dicen. De nada valen las experiencias nefastas de países vecinos (Argentina, por ejemplo) o lejanos, como Inglaterra. En ambos casos, el afán de lucro aconsejó –sin importar la esencialidad de ciertos servicios públicos– eliminar frecuencias de líneas de transporte o suspender el suministro de energía, por ejemplo. Y ni qué hablar de las tarifas, fijadas a piacere y con la única razón del lucro, con total prescindencia de la necesidad de los usuarios.

Pero volviendo al tema de la deteriorada imagen del Estado, cumple recordar que la inmensa mayoría de los males que aquejan a las empresas públicas están originados en un manejo desprolijo de las mismas por parte precisamente de quienes hoy reclaman su privatización. En efecto, no es ocioso señalar que el presunto exceso de funcionarios se debe en última instancia a las prácticas clientelísticas que la oposición de izquierda siempre denunció: el voto pagado con un empleo, o un puesto para devolver un favor. Y esto sin perjuicio de los famosos pases en comisión cuya notoriedad ha causado el actual escándalo que todos conocemos.

En cuanto a los puestos de jerarquía –ocupados muchos de ellos por incapaces, según el doctor Batlle– bueno es tener en cuenta que para acceder a ellos no se exige otro requisito que contar con la venia del Senado luego de pactos y acuerdos que en modo alguno garantizan la solvencia o idoneidad de los ciudadanos propuestos para ocuparlos; así como tampoco hay que olvidar la práctica absolutamente inconveniente pero perfectamente establecida, por la cual con esos cargos se “premia” a candidatos frustrados que, si bien no obtuvieron los votos suficientes para ocupar una banca, sí hicieron su aporte al caudal electoral de su partido.

Quienes arrojan sus dardos contra el Estado son, pues, los responsables directos de su ineficiencia. *