¿Reactivación económica o reactivación fiscal?

Las respuestas que da el elenco gobernante a la crisis que padecemos están exhibiendo una orfandad de ideas francamente alarmante. A esa falta de imaginación hay que agregar una tozudez –digna de mejor causa– en propuestas que –a esta altura todos lo sabemos– nos conducirán indefectiblemente a un caos social sin precedentes.

Mucho se habla de reactivación económica pero, en rigor, las medidas ideadas por el equipo dirigido por Bensión poco o nada tienen de económicas pues son exclusivamente financieras y no persiguen otro objetivo que no sea fiscal. Claro, de lo que se trata en última instancia es de obedecer ciegamente los dictados de los organismos internacionales y hacer buena letra en la reducción del gasto para llegar al equilibrio.

Pero lo dramático de todo esto es que la población está pagando los «costos sociales» sin que el país obtenga por ello beneficio alguno. Desempleo, bajos salarios, disminución del poder de compra, ajuste del cinturón, marginación, aumento de la delincuencia, son todas facturas excesivamente onerosas que paga la sociedad a cambio de nada. O peor aun: a cambio de que el país siga desbarrancándose. Aunque parezca recurrente, vale la pena insistir en el hecho de que la crisis es tan profunda que castiga prácticamente a todos los sectores de la actividad y a todas las clases sociales. No en vano las movilizaciones no tienen como único protagonista al sector de asalariados sino que se han sumado a ellas pequeños y medianos empresarios, productores agropecuarios, comerciantes, etcétera, que perciben en carne propia los estragos del modelo neoliberal.

Con este panorama, el mercado interno –siempre postergado, siempre subestimado– exhibe una depresión nunca antes vista: han disminuido las ventas de todos los bienes de consumo. No ya los considerados superfluos o suntuarios, sino también los productos básicos de la canasta familiar; la gente consume menos. Y decir que la gente consume menos significa que los uruguayos han ido prescindiendo paulatinamente de ciertos bienes hasta llegar a prescindir de los elementales para la subsistencia: comen menos y de menor calidad, se atrasan en el pago del alquiler o de la cuota del Banco Hipotecario, se borran de las mutualistas, etcétera. Un verdadero drama social que no parece conmover a los tecnócratas adoradores del libremercado.

Ante esta realidad, el equipo dirigido por el ministro Bensión no encuentra mejor respuesta que un ajuste del IVA, uno de los impuestos indirectos que gravan directamente el consumo. La rebaja de algunos puntos y la exoneración de algunos artículos no alcanza para soslayar la aplicación del impuesto a los servicios de salud. Como lo han dicho las cámaras empresariales del sector, ello significaría el tiro de gracia al sistema mutual. Ni más ni menos. De ser aprobada la propuesta en el Parlamento, las consecuencias serían catastróficas. Además de todos aquellos que no podrán hacer frente a la cuota mutual hay que señalar la pérdida de fuentes de trabajo y el congestionamiento de los magros y deficientes servicios brindados por el MSP. ¿También la salud de la población habrá que dejarla librada a la regulación del mercado?

Y la frutilla de la torta es la pretensión del gobierno de gravar con el IVA a los medios de prensa escrita. Felizmente, tan nefasta medida, ha concitado un rechazo casi unánime en todos los ámbitos del quehacer nacional.

Queda demostrado que el afán recaudador prevalece por encima de toda otra consideración y con total prescindencia de los devastadores efectos económicos y sociales que la medida tendrá. *