Los cerrojos de la globalización laboral

SAUL POSADA

 

De acuerdo con lo trascendido, el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento un proyecto de ley que modificará sustancialmente el marco laboral imperante en el país. Y aunque los voceros del gobierno aseguran que no se derogará ninguna norma tuteladora de derechos adquiridos, es evidente que al posibilitarse acuerdos entre empresarios y empleados en materia de licencias, horas extra, jornadas de trabajo y regímenes de descanso, se abren caminos innovadores en ámbitos donde los equilibrios del nexo contractual son sumamente sensibles.

Históricamente la relación laboral ha sido profundamente compleja, porque en el proceso de producción de bienes y servicios se enfrentan filosofías, sentimientos sicológicos e intereses económicos categóricamente opuestos, donde cada parte suele confundir su interés con el derecho. Recordemos que con anterioridad a la vigencia de leyes que reconocieron a los asalariados la limitación de la jornada, el descanso semanal, el salario mínimo y la licencia anual –por citar las conquistas obtenidas por éstos entre 1915 y 1958– el contrato de trabajo estaba sometido a un régimen donde las condiciones las establecía unilateralmente el empleador, con desprecio absoluto de los derechos de aquéllos. Es en virtud de ello que en la Declaración de Filadelfia se rechaza ese sublevante pensamiento esclavista o feudal, con la frase lapidaria que nos dice que el trabajo no es una mercancía.

En los últimos años, el fenómeno de la globalización se ha transformado en un cerrojo que obstruye o fisura las estructuras protectoras creadas a favor del trabajador, ya que la competitividad corolario de aquélla, desemboca inevitablemente en la llamada flexibilidad laboral, hoy agitada como bandera para atraer inversiones y bajar la tasa de desempleo. Pero como no escapará al intelecto del lector, la flexibilización del derecho laboral uruguayo se transformará por la fuerza de los hechos, en la antesala de la desregulación de las relaciones individuales, lo que significa la eliminación de conquistas que tienen rango constitucional, merced al esfuerzo y sacrificio de mucha gente anónima, y de hombres que han jerarquizado la historia política del país como José Batlle y Ordóñez, Lorenzo Carnelli y Emilio Frugoni.

Ante la crisis social y económica que azota a la región, como consecuencia de políticas neoliberales, sus predicadores argumentan que las soluciones han de encontrarse en la disminución de las garantías que resguardan el vínculo laboral, cuyas normas –como se sabe– son de orden público. En esa dirección, las respuestas para crear empleos, combatir la pobreza e impulsar el progreso de nuestra economía, sólo se centran en el tamaño excesivo del Estado, en las privatizaciones de sus empresas públicas rentables, y en seguir gravando sueldos y pasividades. Pero guardan silencio sobre las reformas estructurales de nuestra auténtica riqueza nacional, consolidan un perverso sistema tributario que castiga al consumo, no disminuyen los gastos en áreas como el servicio exterior, donde tenemos embajadores y cónsules diseminados por el planeta que nunca han concretado un negocio comercial a favor del país, y siguen avalando arrendamientos de servicios y contratando consultorías, cuyos costos han tomado estado público.

Conforme a los testimonios de la realidad, no es ético ni justo y sí una gran falacia, argumentar que las graves dificultades que encara el país se superan desregulando las relaciones laborales, porque ello comporta retornar a una época de abusos y avasallamientos en perjuicio de la parte más débil del contrato de trabajo. Y por lógica consecuencia, para dar predominio a una visión economicista en el vínculo, por la que la persona se transforma en un simple instrumento del mercantilismo como factor de producción. *