La crítica situación de la Armada Nacional

Una vez más se hace difícil acompañar las jubilosas admoniciones del señor Presidente de la República.

Desde su regocijada instalación en la primera magistratura, el doctor Jorge Batlle proclama que el ministro de Defensa Nacional, Luis Brezzo, «es de la confianza del Uruguay, no de la confianza de Batlle, del Uruguay».

Las razones por las cuales debemos querer al señor Brezzo, tampoco parecen demasiado comprensibles. Las que sí parecen ser afirmaciones consistentes, que debieran ser de inmediato investigadas, son las enumeradas por el documento que la bancada de senadores del Encuentro Progresista enviara al ministro de Defensa Nacional y posteriormente el diputado Daniel García Pintos difundiera públicamente.

Se trata de irregularidades de gravedad que remiten a problemas dentro de la Armada Nacional.

En la carta-documento de denuncia, la suma de hechos precisos, con fecha, nombres y referencias de circunstancias, parece la enumeración de una serie inquietante de hechos anómalos, que incluyen manejo de dinero, circulación de munición, suicidio de un reservista y un homicidio.

En el terreno de episodios de tan grave naturaleza es fundamental el estricto cumplimiento de las normas legales y constitucionales que establecen plazos impostergables para la realización de las investigaciones judiciales correspondientes.

La puesta en conocimiento a las autoridades del Poder Judicial de hechos delictivos ocurridos en dependencias del Ministerio de Defensa Nacional está estrictamente prevista y regulada por la legislación vigente.

Dados los valores en juego, estos mecanismos debieron ser puestos en funcionamiento en forma inmediata. No hacerlo conlleva inevitablemente la sombra de la ausencia de transparencia.

Otro de los puntos graves de la documentación aportada por los senadores del Encuentro Progresista hace referencia a la existencia, desde hace ya mucho tiempo, de «cajas negras» donde se procede a colocar bienes de la institución en cuentas personales de algunos de sus miembros. La violación a las normas vigentes en la materia es flagrante, y cualquier funcionario público del país que tenga bajo su responsabilidad bienes que pertenecen al Estado, lo sabe perfectamente.

Toda la documentación probatoria de estos hechos habría sido destruida. El hecho no se puede dejar pasar alegremente, y si se confirma que tal irregularidad existió, los responsables deberán hacerse cargo de las sanciones que la Justicia ordinaria prevé para este tipo de irregularidades.

Motivo de honda preocupación son asimismo las referencias que señalan a algunos ciudadanos, ajenos a la Fuerza, que tenían a su cargo al menos una parte del sistema de recarga de munición propiedad de la Armada Nacional.

Algo similar ocurre con la sustracción de miles de proyectiles de distinto calibre, pistolas, fusiles, subametralladoras por parte de un oficial de reserva que finalmente se suicidó.

Y referencias precisas sobre los elementos civiles que estarían vinculados a esta gravísima y preocupante sustracción de material de guerra, que irían bastante más allá de lo que hasta ahora y muy a regañadientes se venía reconociendo por las autoridades del Ministerio.

Finalmente, la retención de cuatro kilos de explosivos plásticos, Trotil y detonadores, por parte de un militar, tiene una alarmante gravedad.

Conviene no perder de vista que en plena democracia se han perpetrado atentados con la utilización de este tipo de materiales.

Nos hemos limitado a mencionar apenas algunas de las más graves irregularidades que las autoridades pertinentes deben abordar de inmediato. Hay más. Resulta impostergable investigar. Los resultados nos permitirán saber en qué tipo de institucionalidad nuestro país está viviendo. *