La injusticia en democracia

JOSE LUIS SAMPAYO PIREZ

 

El deterioro del Sistema de Seguridad Social desde la puesta en práctica de la ley 16.713 de 3 de setiembre de 1995, ha dejado en evidencia el desprecio que por las políticas sociales, siente el seleccionado político que hoy nos gobierna. A las miserables tasas de remplazo que se insertaron en la ley, se agrega el despojo a los jubilados y pensionistas que, desde tiempos de gobiernos con charreteras, sigue vigente hasta hoy en el Acta Institucional 9º, convalidado por el gobierno que entró en marzo de 1985. Ellos fueron la prima por edad, el aguinaldo y los topes jubilatorios.

En algunos casos, la mala intención política llevó a duplicar la maniobra, como lo es en este último caso. No solamente se avaló la fijación de un tope jubilatorio, siempre discutible por un principio elemental de equidad, sino porque se manipuló el mismo por la fijación de un Salario Mínimo Nacional, tan ridículo a esta hora en su forma de fijación como por las consecuencias que depara. La fijación de una jubilación debería emanar de la consecuencia del básico de un aporte y no de la arbitraria decisión de exigir éste en forma proporcional al salario y después, a la hora de jubilarse, recortarlo y emparejar para abajo a quienes aportaron mucho, regular o poco.

En la campaña electoral de 1999, el hoy Presidente hizo manifestaciones que por poco, no acompañaba con lágrimas cuando se refería a quienes no se podían jubilar porque estaban afectados por los topes. Desde allí a hoy se ha creado una gran inquietud, dado que quienes están en esa situación, esperan con cada anuncio del Poder Ejecutivo, que Jorge Batlle se acuerde de aquel momento en que, apesadumbrado por el sufrimiento de la gente que debería trabajar hasta que llegue a la puerta del cementerio, entre tantas «urgencias», elimine o cambie el régimen de topes.

El 6 de agosto del pasado año, el diario El País creó una expectativa falsa al publicar que el Poder Ejecutivo, ya tenía en sus manos un proyecto elaborado por el Ministerio de Trabajo y por el cual se eliminaban los topes. Ello, sumado a las manifestaciones de Batlle ya descriptas y a la ansiedad de la gente, hace que el tema tenga un manejo diario permanente por parte de la población. Hasta hoy, Batlle no se ha acordado y lo que El País daba por hecho, fue un espejismo.

Decíamos que los topes jubilatorios tienen un doble componente maligno. Uno, el tope en sí y otro su regulación por el Salario Mínimo Nacional. Pero además, debemos señalar que se ha hecho un mero artificio con los costos que demandaría la eliminación o liberación de los topes y para ello basta manejar unos pocos elementos.

Se habla de cien mil personas afectadas por el problema, lo que es un gran error. No pasan de 70.000 las personas mayores de 60 años que hoy estarían en condiciones de jubilarse y de acuerdo a lo que perciben los pasivos beneficiarios del sistema, solamente un 20%, o sea unos 14 mil, superarían los topes jubilatorios de siete salarios mínimos nacionales. La mayor cantidad de ellos no pasaría los 10 o 12 salarios mínimos, por lo que, cuando se habla de privilegios, costos desmesurados o erogaciones imposibles, simplemente se recurre a fuego de artificio, tratando de seguirle quitando a la gente, el derecho a lo que se ganó trabajando.

Es lamentable que, quienes resuelven sobre la vida de los trabajadores, nada menos, se escuden en la naturaleza de la democracia cuando se olvidan de la justicia.*