La democracia uruguaya ante la ofensiva del neoliberalismo

El sistema institucional uruguayo vive una hora singular, sin antecedentes.

Por un lado, el dinamismo que ha cobrado la puesta en ejecución de las estrategias neoliberales supera los esfuerzos anteriores sustanciados en los períodos de gobiernos dictatoriales y los que siguieron a la transición: las privatizaciones contenidas en el Presupuesto Quinquenal, el remate de la Terminal de Contenedores, la ofensiva contra la Central de Servicios Médicos y los seguros de accidentes de trabajo del Banco de Seguros, contra Ancap, contra UTE y Antel son hechos consistentes y de enorme importancia presente y futura. La política general contra el BROU y los bancos estatales forma parte de esa misma orientación. Según se anuncia en la agenda del gobierno están también OSE y lo que queda de AFE.

Emulando a Atila (por donde pasaba el jefe bárbaro no volvía a crecer el pasto), por donde pasa este gobierno no crece más el Estado de bienestar ni la redistribución de riquezas ni las políticas sociales ni el país productivo.

Cualquiera de los items de la agenda nacional que hemos enumerado justificaría un clima de gran ebullición política. No la hay. He aquí una primera paradoja a examinar.

Lamentablemente el temario de legítimas preocupaciones ciudadanas no se agota con la funesta política de privatizaciones.

Otro convidado de piedra ingresó en escena en forma nada subrepticia por cierto: el crecimiento de la corrupción, autóctona e importada, que tiende a erosionar el sistema institucional y la credibilidad de los partidos.

Las denuncias de hechos graves en dependencias de la Armada Nacional ante la intolerable pasividad del ministro Brezzo se viene a sumar a una serie de episodios que van desde el Ministerio de Turismo en el gobierno anterior, las actuaciones en el campo de la industria pesquera de un diputado colorado por Canelones, las denuncias empresariales sobre la actuación de un alto funcionario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.

En cualquier otro momento de la vida del país, hace treinta o cuarenta años, uno solo de estos episodios habría provocado un escándalo y una amplia movilización parlamentaria, periodística, universitaria y cívica.

La otra paradoja es que, en función de una serie de mecanismos complejos, algunos directos y otros sofisticados e indirectos, los sectores hegemónicos de la sociedad uruguaya, los beneficiarios de la actual recesión, están consiguiendo llevar adelante sus líneas de acción política en medio de una movilización bastante limitada, que se desarrolla con muchas dificultades.

Hay una oposición firme y compacta en el Parlamento. Desde filas progresistas se elaboran contrapropuestas con precisión y eficacia, pero el sistema se ocupa de silenciar a la oposición parlamentaria y desacreditar las propuestas de los planes de emergencia.

El abuso –completamente ilegal– de los «pases en comisión», practicado a mansalva por un gran número, no todos, de legisladores blancos y colorados, que «hacen piernas y gauchadas», termina salpicando a la propia institución parlamentaria, a los partidos y a la actividad política como cauce legítimo de expresión e intermediación en las demandas populares.

El modelo económico del neoliberalismo ha sido bien descrito y bien criticado. No siempre ocurre lo mismo con el modelo político del neoliberalismo: el de una democracia con débil transparencia y una ciudadanía pasiva, descreída, sin confianza en sus potencialidades y su fuerza.

Por eso cobran enorme importancia las iniciativas tendientes a revertir esa situación, como la movilización sindical y política destinada a plebiscitar los artículos del Presupuesto que abren camino a la privatización de Antel. *