Otro lenguaje para lo mismo
Parece evidente que en Argentina, con el grado de transferencia económica que existe hacia la banca financiera, es imposible pensar en el futuro desarrollo del país. Por eso, resulta difícil abrir el debate sobre la deuda externa y sobre la esperanza que los «gobiernos» aliados al capital financiero liquidaron en el continente, con su secuelas de pobreza, desocupación y exclusión.
Es un fenómeno que muchos están comprendiendo, quizás a los golpes, como el gobierno uruguayo, sabiendo que el camino que recorría, hacia el abismo, llevaría al país a una situación inédita, en donde la violencia de esa política abriría los grifos de una espiral –obviamente– inaceptable para la mayoría del pueblo uruguayo.
¿Por ello, quizás, asistimos a este cambio de estrategia de los gobernantes, aumentando obviamente sus contradicciones? Parece evidente que el gobierno está intentando comenzar a limpiar su imagen, en base a estrategias todavía difusas. El haber dejado correr, como lo hizo, la versión de un impuesto a los sueldos altos de la administración pública, creando un principio de pánico entre los afectados, para luego plantear una unificación del IVA en el 19 por ciento, con su eliminación para algunos artículos de la canasta básica, es una jugada algo elemental. Sin embargo ocurrió, nadie lo puede negar.
Pero paralelamente –como lo decimos– aparecen las contradicciones: ya anuncian una eliminación del COFI, que ocurriría antes del cierre –por supuesto– del actual período de gobierno. Paulatinamente reducirían un impuesto insólito, que hasta paga IVA. Recordemos su mecánica, negativa para el comercio y desastrosa para la producción: al precio de venta de un producto se le suma el novel gravamen y, luego, sobre el total, se aplica el IVA.
Otro elemento que está mostrando este aparente intento de cambio de imagen tiene vinculación con el lenguaje que han comenzado a utilizar gobernantes, directores de empresas públicas y hasta legisladores, reiterando hasta el cansancio que en el Uruguay no habrá más privatizaciones. ¿No? caramba, ¿en este momento no se está negociando en Washington el remate de dos bandas de telefonía celular y los servicios periféricos del Aeropuerto Nacional de Carrasco?
¿Cómo puede llamarse ese hecho? ¿Cesión de elementos de una empresa pública o de un organismo descentralizado a operadores privados? Obviamente, eso sería legalmente imposible, pues la pregunta «vinculante» realizada por el Directorio de Ancap al Tribunal de Cuentas, todavía no fue respondida. ¿Quién se toma las atribuciones de cesionar bienes del Estado (que son de todos), si no está clara la existencia de un ordenamiento legal que lo autorice?
Ahora la muletilla de los gobernantes no es «privatización». En su lenguaje oscuro hablan de cesiones, no sea cosa que se reabra el debate que tuvo lugar en el 92, y que la gente salga a la calle y con un esfuerzo patriótico, nuevamente modifique la historia que se comenzó a transitar y que terminó con el voto contrario a la venta de Antel. Ese críptico lenguaje gubernamental, aplacado en sus inflexiones, está mostrando –claro está– una estrategia para desactivar la recolección de firmas.
En el fondo, no es que piensen distinto. Saldar las deudas con la banca financiera es su objetivo central, pero advierten que las expresiones propias de promotores del llamado «capitalismo salvaje» que hasta ahora utilizaron, son contraproducentes. Por eso intentan desactivar la dinamita que ellos mismos le colocaron a la sociedad uruguaya. *
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