Nuevo milenio y modernización en el país de la gauchada política

Verdaderamente, resulta difícil imaginar un papelón mayor.

En plena campaña de transparencia y de reducción del gasto público, en medio de vivas voces que claman por la eficiencia, la modernización y por reducir el costo país.

Cuando arrecia el juicio crítico a los viejos males del “paternalismo estatal” que a través del proteccionismo, los subsidios y las barreras arancelarias “creaba industrias antieconómicas”, cuando tanto se ha dicho y se ha escrito sobre los “infinitos males de la burocracia”, los insufribles costos del Estado y la necesidad de modernización, cuando todo eso nos agobia desde el discurso oficial y mediático, los hechos, con su solapada imprudencia, desde su taciturna y arrojada verdad nos llaman impertinentemente a la realidad: las ancestrales pautas del clientelismo y la politiquería siguen formando parte consistente de las pautas de trabajo de los partidos de “la situación”.

El pasaje a “funcionario en comisión en el Parlamento” de una persona que revista en la Dirección General Impositiva y que se encuentra indagada por la Justicia, ha hecho aflorar una situación de aristas que vale la pena examinar.

El jerarca de la administración que promovió la irregular y antirreglamentaria situación del funcionario indagado, defendió su conducta sobre la base que se había tratado de una “gauchada”, una “gauchada política”, agregó. Y el adjetivo no hace sino dar la medida de las cosas en juego.

Si la expresión “gauchada” remite a una actitud desinteresada, hecha en base a la buena voluntad, el adjetivo “política”, con su abrumadora capacidad de absorción, hace el puente con las prácticas del clientelismo y de la promoción de situaciones de privilegio entre correligionarios, que están en la base de la desvirtuación de los partidos como instrumentos idóneos para la participación democrática de la ciudadanía.

No vale la pena extenderse en la existencia de normas legales y reglamentarias que habilitan la existencia de funcionarios en comisión trabajando en el Parlamento. No hay duda que son normas necesarias y convenientes que, en líneas generales, han permitido el mejoramiento del desempeño de la actividad legislativa. Que sobre esas normas existan abusos es harina de otro costal.

Aunque representa una forma de despilfarro que el país no debe ni puede permitirse, tampoco nos parece que el centro de la cuestión sea el análisis de los costos de estas prácticas nocivas que desprestigian a los partidos y a instituciones que importan como el Parlamento.

Lo que resulta preocupante es la reiteración de prácticas que son lesivas para la democracia, que obstaculizan el funcionamiento y el debate en el seno de los partidos, que ponen en manos de algunos jerarcas o “troperos de votos” cuotas de poder, lealtades y centros de interés que son ajenos al auténtico interés de las colectividades políticas.

Si ­a partir de la conquista del gobierno y con un gran poder sobre la estructura burocrática del Estado– los partidos actúan como gestores de “áreas de influencia”, de chacras electorales, de conformaciones de camarillas, ¿qué recursos le quedan al ciudadano?

Ante el blindaje clientelístico de los partidos, ¿qué caminos le quedan a la sociedad civil para expresar sus demandas, para hacer oír sus opiniones?

Las pirámides feudales que se construyen desde el Estado, ¿qué grado de sensibilidad son capaces de desarrollar frente a los problemas reales y acuciantes de la ciudadanía?

El o los hombres que están protegidos por el inmortal instituto de la gauchada política, que dependen de los favores de los jerarcas, ¿pueden en algún momento discrepar con los jefes de la pirámide de poder?

El tema es viejo, y puede ser de futuro. *