¿Nos quedarán reservas éticas?

Los círculos de corrupción que han comenzado a aparecer luego del informe de la Comisión Investigadora de Lavado de Dinero del Parlamento Argentino, más conocido como «informe Carrió», están llegando hasta el séptimo círculo de un infierno que, obviamente, derivará en problemas políticos para nuestro gobierno.

Se ha abierto una verdadera Caja de Pandora, con una seguidilla de nombres, direcciones de estudios jurídicos, notariales, de despachantes de aduana, sociedades anónimas de todo tipo y, según la denuncia que está tomando estado público a nivel planetario –para utilizar un término vinculado a la actual globalización– es de tal magnitud, afecta a tanta gente aquí, que ni el gobierno del presidente Batlle ni la propia Justicia uruguaya se pueden hacer los desentendidos.

Además hay que tener en cuenta que el aval de la investigación realizada por esa Comisión del Parlamento del país hermano es documentación enviada desde los EEUU, a la que se suman testimonios de todo tipo, mostrando hasta qué punto llegó la corrupción a esta zona del continente.

Los elementos éticos que se están jugando cuestionarán, si el gobierno uruguayo se hace el desentendido, a la propia esencia de nuestra democracia. ¿Cómo es posible que todo ese tráfico de dinero sucio, su lavado, se hiciera en el país sin que ninguna autoridad lo detectara? ¿Qué hacía en ese momento el Banco Central, la Policía, la DGI, la propia Aduana, la Auditoría Interna de la Nación, la propia Justicia? ¿No es insoportable para el pensamiento democrático concluir que en este país existen hijos y entenados, que se salvan los traficantes, los autores de los delitos más deleznables, mientras se detiene y procesa a los «ladrones de gallinas»?

El gobierno ya debiera haber instruido a la Fiscalía de Corte para comenzar una investigación, de oficio, en torno a toda esta demostración infernal de corrupción. Si esto no ocurre, ¿qué harán las autoridades de este país? ¿Dejarán que todo transcurra, como en una telenovela, en la que los personajes nunca son «nominados» para que sobre ellos caiga el peso de nuestro ordenamiento legal?

Y estamos hablando de delitos de distinta índole y de enorme gravedad: asociación para delinquir, lavado de dinero «sucio» proveniente del narcotráfico, contrabando, evasión impositiva, apropiación indebida, etcétera.

Obviamente la mayor responsabilidad por no hacer nada estará en el propio gobierno, ya que allí está el poder político que, huelga recordarlo, tiene un peso que no es comparable a la decisión de algún juez que, por imperio de su conciencia, decida investigar.

Aún hay tiempo. La vorágine de denuncias puede, todavía, estar sorprendiendo, paralizando a los que deben actuar. Sin embargo los hechos son de una trascendencia única, y continuar sin hacer nada por mucho tiempo, mostraría más que timidez o temor, complicidades objetivas.

Las denuncias tocan al país y, por ello, a todos. No desentrañar esta madeja de corrupción sería muy grave.

Esto no debe ocurrir, caiga quien caiga. *