Está en juego el prestigio del país

Hace ya algunas semanas el Senado de la República discutió y acordó criterios acerca de lo que se entendía era una actitud incorrecta y agraviante por parte de la Cancillería brasileña. Una página WEB de los servicios de relaciones exteriores mencionaba opiniones de funcionarios que calificaban, en las tumultuosas épocas de la Guerra Grande, al Brigadier General Manuel Oribe de «dictador». Con buen criterio se rechazó el calificativo a aquella límpida figura histórica, el héroe de la Cruzada de los 33 y el incorruptible segundo presidente constitucional de la República.

El viernes, no ya en las redes de Internet sino en las radios y canales de televisión de toda la región, la responsable de la Comisión Investigadora sobre el lavado de dinero de la Cámara de Diputados de Argentina, doctora Elisa Carrió, formuló un capítulo entero de denuncias acerca de empresas uruguayas vinculadas a actividades delictivas en aquel país.

Empresas dirigidas por uruguayos, que funcionan en sedes situadas en nuestro territorio y se desarrollan de acuerdo a las leyes que regulan la actividad financiera y bancaria en nuestro país.

Las denuncias, bien precisas por cierto, no remiten a episodios del año 1835; no.

Tampoco alcanzan a soldados de conducta heroica ni a ex presidentes de incorruptibilidad absoluta y conocida. No.

Atañe a prácticas actuales, de abogados y operadores financieros que están vivos, bien vivos por cierto.

El Capítulo 9 del informe de la Comisión Investigadora sobre el Lavado del Parlamento argentino es un desafío para nuestro país. Un desafío, para empezar, para la prensa que del mismo modo que cada vez que se alude al país da cuenta de ello, no debería hacer silencio sobre el contenido de las imputaciones que se realizan.

Un desafío en segundo lugar para el sistema judicial del país, que deberá aceptar el reto de investigar la legalidad o no de lo denunciado.

Un desafío también para las fuerzas políticas que deberán decirle a la ciudadanía cuál es su tesitura frente a los empresarios desprovistos de escrúpulos incorporados a actividades que empañan el prestigio externo del país y dan nuevos motivos para el descreimiento ciudadano acerca de «la política» y «los políticos».

Como era de esperar no faltan lo que pretenden hacer creer que el problema principal del país son los gritos de desesperación de los desocupados, de la gente sin vivienda, de los cooperativistas o los trabajadores y sus sindicatos.

Para esos voceros, los delitos de cuello blanco no existen. Para ellos el enriquecimiento fácil de los especuladores no es un problema para el país y la complicidad con el blanqueo del dinero de la corrupción y el crimen no es motivo de inquietud.

Denuncias de este tipo no son nuevas. Cuando en setiembre de 1992 estalló en Brasil el escándalo protagonizado por el entonces presidente Fernando Collor de Mello que culminaría ni más ni menos que con la aplicación, por primera vez en la historia del Brasil con el «impeachment»  la destitución del presidente– nuestro país apareció mencionado, en reiteración real, como «paraíso del lavado».

Un folleto de propaganda de un estudio, que ahora reaparece en las denuncias de la diputada Carrió, fue examinado en la Comisión Parlamentaria de Investigación del Congreso Brasileño que indagó las andanzas de Collor. En la Plenaria un legislador sentenció: «Ese folleto que ofrece servicios para la fabricación de sociedades financieras en Uruguay es una incitación a la violación de las leyes fiscales, aduaneras y comerciales brasileñas. Es, desde el punto de vista del Estado, el equivalente a un manual de guerrilla urbana, una incitación al delito».

¿Alguien piensa que es bueno para nuestro destino como país que se siga considerando a Uruguay como una buena plaza-lavadero? *