La insoportable conducta militar

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El caso de Eladio Moll, contralmirante de nuestra Armada, y con un auto de procesamiento por estafa a cumplir, nos recuerda el del general Contreras, del ejército chileno, que habiendo sido procesado por varios delitos aberrantes, se refugió en uno o varios hospitales y luego en unidades militares con el propósito de eludir la resolución judicial que lo mandaba a prisión.

El contralmirante Moll aprendió la lección, se refugió en el Hospital Militar donde la protección de sus colegas le llegó con toda prontitud, hasta el punto de que ni la misma jueza en persona pudo hacer cumplir su interlocutoria y mandarlo a prisión.

Además, en todos los casos en que un procesado o un condenado está internado en un nosocomio, una guardia policial cumple sus funciones de custodia en la misma habitación o en la puerta donde está el supuesto enfermo.

Aquí la resolución de un comando militar se coloca por encima de la ley, y como consecuencia, al guardia policial lo mandaron a vigilar desde la vereda.

Pero hay más, los médicos del Hospital Militar pueden estar alterando los certificados, el real estado de salud del contralmirante, y cometiendo por consiguiente el delito de encubrimiento además del de desacato en que pueden haber incurrido los jerarcas de aquel hospital.

Todo esto como vimos no es nuevo.

Al general Contreras, asesino de la dictadura militar chilena lo imitó muy bien recientemente el mismísimo Pinochet, quien se amparó –tan valiente él– en su estado de salud para evitar un juicio penal en España.

Por otra parte los certificados médicos no siempre contienen la verdad clínica absoluta. En el caso de Pinochet, algún país de Europa por lo menos los cuestionó severamente.

Pero este tema de los militares y la justicia, la civil, la única, porque la llamada Justicia Militar no es justicia (ver el estupendo trabajo del inolvidable Dr. Carlos Martínez Moreno, Justicia Civil y Justicia Militar). Recientemente la Suprema Corte de Justicia tuvo que fallar una vez más, en el sentido de que un delito cometido por un militar en el ámbito civil no es competencia de los militares sino de la Justicia Ordinaria.

En el fondo de todo esto hay una materia pendiente: la existencia de unas fuerzas armadas que constituyen clara o tenuemente según los casos, una verdadera fuerza política. Sin más está el caso de los desaparecidos, dolor y vergüenza nacional.