El proyecto de reforma penal y el ajedrez de Jorge Batlle

¿Un nuevo equilibrio de fuerzas?

Trascendió ayer una noticia que  inscrita en un contexto de relacionamiento político inédito, inaugurado por el nuevo presidente de la República  se convierte en algo más que una señal de que estamos ante una forma novedosa, inhabitual e inesperada de encarar el manejo político desde el poder.

Sin duda el anuncio (primicia de LA REPÚBLICA) de que el doctor Gonzalo Fernández  en representación del EP-FA y en mérito a su solvencia técnico-profesional  había sido encargado de redactar un proyecto de reforma penal que entierra definitivamente el tan llevado y traído Código del Proceso Penal, se convirtió en el hecho político más relevante de la jornada. Alarma para algunos, desazón para otros, sorpresa para todos.

En el editorial del pasado 19 de febrero hacíamos referencia a los cambios que se avizoraban en el marco de las relaciones entre gobierno y oposición. Decíamos entonces que, sin perjuicio de la certeza que todos tenemos de que el rumbo económico del país no se verá alterado en absoluto puesto que el actual presidente se encargó muy bien de hacernos saber que nos daría más de lo mismo, había que resaltar un estilo, una personalidad, muy diferentes a lo que nos habían acostumbrado los gobiernos precedentes, y que incluso era menester destacar que las diferencias con el doctor Sanguinetti iban más allá de los simples rasgos de carácter.

En esa oportunidad hacíamos referencia precisamente a los cuestionamientos que desde filas quincistas se hacían a la reforma procesal penal impulsada por Sanguinetti y que había levantado un sinnúmero de críticas desde los más diversos sectores de la sociedad.

Lo dicho pues en aquel editorial parece confirmarse plenamente.

Desde el punto de vista de la política económica, los anuncios del contador Bensión ratifican las expectativas por cuanto las medidas propuestas apuntan a una estrecha contracción del gasto, a rebajas salariales y al abandono de políticas sociales.

Pero al mismo tiempo, las primeras medidas administrativas tomadas por el nuevo gobierno marcan un alejamiento de las prácticas habituales, y deben ser saludadas como síntomas de una loable voluntad de erradicar vicios muy arraigados en las costumbres uruguayas. En ese contexto resaltan, por ejemplo, el propósito de «terminar con el club político» en el MSP y la disposición a revisar las concesiones de ondas de radio. Tanto una como otra medida acarrearon las primeras fricciones entre el Batllismo Radical y el Foro Batllista.

Ahora se confirma que el doctor Batlle se ha propuesto dar un rumbo distinto a su administración y que intenta distanciarse lo más posible del líder forista. Y el hecho que hoy nos ocupa resulta de una especial trascendencia.

La participación de la principal fuerza opositora nada menos que en la redacción de una reforma penal implica, si no una ruptura con el aparato partidario en manos del sanguinettismo, al menos una declaración de independencia de consecuencias imprevisibles.

Pero hay más: esta movida del doctor Batlle no se agota allí; significa prácticamente un jaque doble ya que al tiempo que desacomoda al Foro  su adversario interno  resulta un severo desaire hacia su socio coaligado, el Herrerismo.

No es demasiado descabellado prever que el primer mandatario exhibirá un comportamiento oscilante, buscando alianzas coyunturales ora con el nacionalismo, ora con la oposición de izquierda.

Todavía es temprano para aventurar los éxitos o los fracasos que le proporcionará un manejo político de esa naturaleza, pero, por lo pronto, la partida planteada por Batlle obliga a la oposición encarnada en el EP-FA a rever sus libretos y a estudiar cuidadosamente los próximos movimientos.

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