El agua como un bien común de la Humanidad

En nuestra edición de ayer, una nota de nuestro corresponsal en Colonia, Gabriel Monteagudo, refiere al panorama incierto y alarmante que ofrece –para un futuro no demasiado lejano– un recurso natural como el agua potable.

Desde una perspectiva ambientalista –o ecologista si se prefiere– hace relativamente poco tiempo que se ha tomado conciencia de que se trata de un recurso no renovable y que debe ser por tanto objeto de un especial cuidado. En ese sentido, se puede predecir que dentro de nueve años, en todo el planeta dos mil millones de seres humanos carecerán del vital elemento.

Pero independientemente de ese dato escalofriante, los militantes antiglobalización del liberalismo económico subrayan que el agua dulce constituye un recurso natural que pertenece a la Humanidad. Al respecto, dice Riccardo Petrella en una nota aparecida en nuestra contratapa del sábado 4: «Es urgentemente necesario detener las actuales tendencias hacia la liberalización, la desregulación y la privatización del saneamiento y el suministro de agua. El agua, a la que toda civilización consideró siempre un bien común, puede y debe convertirse en el primer bien común global perteneciente a toda la humanidad, mientras que el acceso a ella debe ser considerado y tratado como un derecho humano y social».

Al igual que con las riquezas contenidas en el subsuelo, el Estado debería preservar las fuentes de agua dulce (ríos, manantiales, napas subterráneas) no sólo como forma de reafirmar la soberanía sino, además, por tratarse de un bien común a todos los habitantes de la República; y no olvidar que el acceso a ese bien debe considerarse un derecho humano y social.

En su euforia desreguladora y en su afán por hacer buena letra con los organismos internacionales que diseñan las políticas económicas que deben aplicar las naciones subdesarrolladas (pero que el Norte desarrollado no aplica), el gobierno no se detiene ante la razón de argumentos como el señalado por Petrella, y sobre nuestros recursos hídricos planea la amenaza de la privatización.

También en el caso del agua prevalece la doctrina de la liberalización del mercado que pretenden imponernos como algo inevitable. Es, ni más ni menos, que el triunfo del pensamiento único, lo que Ignacio Ramonet define como «la traducción en términos pretendidamente universales, de los intereses de un conjunto de fuerzas económicas, en particular las del capital internacional».

En nombre del realismo y del pragmatismo, la economía se ha entronizado, y toda la vida (la verdadera: la social y la política) está en función de lo que esta nueva soberana ordene. *