Armada: la opinión pública exige transparencia

En momentos en que se cumple un año de la tragedia del barreminas «ROU Valiente», otro episodio de ribetes escandalosos ha vuelto a sacudir a nuestra Armada Nacional.

Hace un año, editorializamos sobre el accidente del barreminas. Dijimos entonces: «Hay ciertos elementos objetivos que el accidente naval ha puesto en evidencia y que tienen que ver con la improvisación, la negligencia, la impericia. En primer lugar, hay una ostensible falta de preparación de los marinos uruguayos –del personal de tropa– que desnuda una realidad social de pobreza y marginación. Acuciados por la desocupación, compelidos a conchabarse en la ocupación que sea, los jóvenes provenientes de los sectores más humildes encuentran en las Fuerzas Armadas un paliativo a sus urgencias. (…)

Hay una clara desprolijidad de la Armada, si no una franca irresponsabilidad, al incorporar personal con un entrenamiento mínimo que no lo habilita para tareas elementales propias del organismo en que deben desempeñarse. El hecho de que ni siquiera se les exija saber nadar, y que ello sea admitido y justificado por los jerarcas del arma, es de por sí alarmante, casi como si al Noveno de Caballería ingresaran soldados que no saben ensillar ni montar a caballo.

Ha quedado en evidencia al mismo tiempo una inocultable falta de idoneidad, o falta de profesionalismo, de la oficialidad y de los mandos, que se han mostrado incapaces de hacer frente a una emergencia, tal vez adormecidos por una mentalidad burocrática en la que no están previstas situaciones que escapan a la cómoda rutina. Cuando quienes se supone deben estar preparados para una eventual guerra naval no son capaces de evitar –en tiempos de paz– un choque perfectamente evitable, y los mecanismos de rescate demoran varias horas en ponerse en funcionamiento, cabe preguntarse hasta qué punto la formación impartida en los centros de enseñanza del arma es la correcta, pues lo que esta tragedia ha puesto de manifiesto es una preocupante ineficiencia».

A un año del luctuoso acontecimiento, es la Justicia ordinaria –en la persona de la jueza letrada de Rocha Julia Domínguez– la que interviene para establecer las responsabilidades que pudieran caber a jerarcas de la Marina. Evidentemente, las interrogantes que nos planteábamos hace un año se mantienen intactas, y el Poder Judicial debe tomar cartas en el asunto. A la Justicia le llama la atención la falta de rigor con que se procede a las designaciones en puestos clave de la Armada, algo que señalamos precisamente en el editorial citado.

El más reciente caso ocurrido en un polvorín de la Marina –sustracción de municiones y suicidio de un militar aparentemente responsable del hecho– viene a confirmar, por desgracia, la negligencia en ciertos procederes de los jerarcas castrenses.

Es preciso también en este caso establecer responsabilidades. Es preciso que una investigación seria y responsable determine con precisión cuáles han sido las fallas operativas o de administración que hicieron posible la ocurrencia del delito. En un caso se trata de la pérdida de vidas humanas y de una nave que todos pagamos; en éste –además del suicidio de un marino– nada menos que el robo de municiones (que también pagamos todos).

La opinión pública merece conocer con detalle los resultados de la investigación. Es la única forma de que la percepción que la sociedad tiene de las Fuerzas Armadas cambie sustancialmente en beneficio de todos.

Buena cosa sería que los jerarcas castrenses reconocieran con humildad sus errores y asumieran como corresponde sus responsabilidades. Lejos de verse disminuido, su prestigio se fortalecería. *