Hay argumentos decisivos en favor de la extradición

En los últimos días dos documentos de procedencia distinta hicieron hincapié en la conveniencia de que, para las instituciones, tendría la decisión del gobierno de acceder a las demandas de la Justicia argentina referida a cinco funcionarios uruguayos acusados de delitos contra la humanidad. Según da cuenta LA REPUBLICA en su edición de ayer, en el mismo sentido se pronunció el representante del PIT-CNT ante la Comisión para la Paz, José D’Elía.

Considerado el país como un todo, y no sólo como una Bolsa de Valores o una sede para inversiones, la imagen internacional que desde afuera se observa incluye obviamente el cumplimiento o no de los tratados y protocolos que en materia de derechos humanos el país ha suscrito y ratificado.

En esa línea de preocupación se inscribe un documento elaborado y difundido por Amnistía Internacional el pasado martes 24.

Desde otro ángulo, las consideraciones realizadas por Familiares de Desaparecidos también contienen elementos de definición importantes que merecen ser comentados.

Para la organización con sede en Londres «la reciente decisión del juez argentino (Rodolfo Canicoba Corral) constituye una oportunidad para derrumbar el muro de impunidad que por más de dos décadas ha amparado a los responsables de decenas de desapariciones en Uruguay».

El punto de vista de Amnistía, que expresa un referente reconocido mundialmente, tiene el interés que le da el hecho de que, con frecuencia, desde filas de los partidos de la coalición de gobierno se ha invocado tal o cual pronunciamiento. Si la organización humanitaria es buena, según los partidos de gobierno, cuando reclama por la situación de los disidentes en China, no se puede desconocer, en forma displicente, sus observaciones cuando ellas, con toda ponderación y razonables argumentos, refieren a Uruguay.

Esta ONG, precursora en materia de defensa de los derechos de los individuos frente a los excesos del Estado autoritario, no hace sino recordar lo que todos sabemos: «la desaparición forzada es un crimen internacional, cuya práctica sistemática constituye, además, un crimen contra la humanidad».

Ante la insinuación de la vigencia que, en este caso, tendría el amparo otorgado por la Ley de Caducidad, la organización Amnistía Internacional recuerda que «Tanto el Comité de Derechos Humanos de la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han especificado en reiteradas ocasiones que esta ley (de Caducidad) es contraria a las obligaciones del Estado uruguayo bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. A su vez, una sentencia reciente de la Corte Interamericana, en un caso peruano, es enfática en declarar inválida toda ley que otorgue amnistía o impunidad a los responsables de violaciones de derechos humanos».

Las afirmaciones del organismo coinciden con expresiones recientes del catedrático Héctor Gros Espiell.

El otro pronunciamiento a que hacíamos referencia procede de los Familiares de Desaparecidos, cuyas opiniones también con frecuencia se han venido invocando desde filas del gobierno.

Hasta ahora, sólo LA REPUBLICA ha publicado en su totalidad el documento en el que se realizan consideraciones importantes sobre la situación de los derechos humanos en el país, sobre el papel de las Fuerzas Armadas y sobre las dificultades que, para el conocimiento de la verdad, plantea la actitud asumida por las Fuerzas Armadas.

Con referencia al exhorto judicial argentino sobre Vadora, Gavazzo, Silveira, Cordero y Campos Hermida la posición de los familiares es clara: «El Presidente Batlle debe acceder al requerimiento de la Justicia argentina» (…) *