Los aspirantes a colonos

ANDRES FIGARI

 

Recientemente el Directorio del Instituto Nacional de Colonización dispuso poner al día el registro de aspirantes de tierra con la intención de actualizarlo y poder cuantificar la demanda que existe en ese sentido, pero no deberían sacarse conclusiones optimistas sobre los resultados de la operación, ni de lo que pudiera ocurrir a posteriori.

Respecto de lo primero, porque actualizar el registro equivale a eliminar a los que tienen muchos años de inscriptos y no efectuar nuevas inscripciones. En cuanto a lo segundo, porque El INC no dispone de una cartera de tierras con la que satisfacer la posible demanda. Tampoco debe entenderse que el saldo resultante de la depuración refleja la única demanda de tierra que pueda existir en el país. En realidad, el saldo abarcará a aquellos que recientemente han manifestado interés en acceder a una fracción en las condiciones y del tamaño de las que normalmente ofrece el Instituto, pero deja afuera a dos grandes categorías de eventuales demandantes. A los que pretenden campos más grandes –que a los fines del INC no interesan– y a los que podrían aspirar a fracciones más pequeñas, pero a los que el INC no les ofrece respuestas.

Esto no es nuevo, se produce desde la creación del Instituto al haberse impulsado una «colonización» basada en parcelas individuales, en emprendimientos de tipo capitalista de tamaño pequeño o medio. Este modelo conlleva un criterio excluyente del tipo de colono posible, al orientarse hacia los que ya disponen de un monto de recursos (maquinaria, equipos, ganado, capital de giro, etc.) que les permita trabajar y acceder a créditos que circunstancialmente pueden potenciarlos. El problema es que ese modelo que apunta a la reproducción de productores insertos en el mercado, que guían su producción según pautas de tipo capitalista y que sobreviven como empresarios en la medida en que son capaces de apropiarse de una renta, aparte de estar sujeto a todos los avatares de la rentabilidad de la agropecuaria contemporánea, no contempla a aquellos para los cuales una fracción constituiría un medio de vida.

Se podrá argumentar que este tipo de colonización no aumenta significativamente la producción comercializable del país y posiblemente sea cierto. No faltará a quien le parezca un disparate proponer que se repartan tierras cuando los que ya las tienen las deben abandonar. Pero no se trata de instalar productores que jugados a producir y vender uno o dos rubros intentan alcanzar una rentabilidad que justifique sus inversiones y trabajos. Lo que se propone es proporcionar medios de vida propios en forma de pequeñas parcelas en las que el trabajo familiar constituya el principal recurso productivo. Se debe tener en cuenta que sin medios de vida propios, se encuentran más de 300.000 uruguayos en edad de trabajar que residen en núcleos urbanos menores de 5.000 habitantes, de los cuales 22.000 no tienen ningún trabajo, ni perspectivas de encontrarlo, para los que tener acceso a un pedazo de tierra de donde sacar para comer y cubrir sus necesidades básicas no sería poca cosa.

Ahora bien, la inmensa mayoría de estas personas ni siquiera sabe de la existencia del INC o ya sabe que los requisitos que le van a exigir le son inaccesibles y ni siquiera se molesta en presentarse.

La otra característica del modelo de colonización aplicado y que refuerza su carácter excluyente, es que prácticamente no toma en cuenta los emprendimientos colectivos. Salvo raras excepciones, la casi totalidad de los proyectos de colonización planificados se han hecho tomando como base la fracción empresa individual. Obviamente, esto supone restringir la oferta posible y dejar afuera a todos los eventuales aspirantes que no se adecuen a proyectos de este tipo.

En síntesis, por la vía de los hechos el INC realiza una preselección que convierte en aspirantes a colonos únicamente a una franja de pobladores del medio rural y semirrural, pero excluye a la inmensa mayoría. Definir y ejecutar un modelo de colonización alternativo al vigente que sea capaz de dar respuestas genuinas a las necesidades básicas de miles de compatriotas y que no esté limitado por las necesidades de la «rentabilidad», es un auténtico desafío que el INC, las fuerzas sociales, los partidos políticos y el gobierno tienen planteado en el Uruguay de hoy. *