Las expresiones del ministro Brezzo

La decisión ministerial de filmar a los participantes de una protesta realizada el viernes 20 frente a la sede del Círculo Militar ha dado lugar a algunas declaraciones del actual ministro de Defensa.

El contenido de las formulaciones del secretario de Estado es insólito y parece destinado a provocar alarma en cualquier ciudadano con sensibilidad democrática.

Brezzo, que no es la primera vez que sorprende con este tipo de desplantes, parece estar disfrutando, también él, de la impunidad que nace de una cierta pereza en los mecanismos de la indignación, una apatía frente a los exabruptos del poder. Sólo así se explica que todavía no lo hayan echado.

La permisividad a Brezzo es un indicador palpable del descaecimiento de las normas y compromisos republicanos. Entraña la entronización de un estilo de una vulgaridad irredimible en un cargo público, la personificación de la ausencia de toda delicadeza y responsabilidad frente a la ciudadanía.

Brezzo compara las acciones de funcionarios estatales ligados a los servicios de seguridad del Estado con la conducta de un grupo de manifestantes.

En declaraciones formuladas a El Observador, Brezzo asegura que se filmó, en secreto, a los participantes del acto y ve en eso una «medida cautelar y lógica«. Pero, a la vez declara «no saber quién filmó y agrega que «tampoco le interesa saberlo».

Si Brezzo no sabe quién lo hizo ¿qué es lo que le da el carácter de «medida cautelar»? ¿El hecho de que se filmó desde adentro del Círculo Militar?

En declaraciones a LA REPUBLICA, el ministro, que atribuyó la filmación a la Compañía de Contrainformación y a la Dirección Nacional de Información de Defensa, sostuvo que «es mejor filmar que tirar huevos».

El despropósito de esta afirmación permite atisbar hasta qué punto el ministro no sabe dónde está parado. Al poner en un mismo plano actividades de servicios estatales con la conducta de personas que expresan un repudio, Brezzo iguala las responsabilidades de los dos protagonistas, como si se tratara de dos «barras bravas».

El ministro olvida que sus funciones, y la de los funcionarios que de él dependen, están sujetas estrictamente a la ley y a los reglamentos, y que no están autorizados a actuar «motu propio» en una zona tan delicada como lo es el ejercicio de los derechos políticos.

Las faltas o incorrecciones evidentes de los manifestantes son hechos de otra naturaleza y son los jueces quienes sobre el punto tienen la última palabra. Ni el ministro de Defensa ni los emboscados «cameraman» tienen facultades para actuar «de oficio» en esa situación.

Los oscuros personeros de este lamentable desborde no son portadores de la más mínima porción de espíritu democrático, de consustanciación con el libre ejercicio de los derechos civiles y políticos ni con la tolerancia.

Adictos al sigilo y a la amenaza, se sienten omnipotentes y siguen viviendo con las arterías del autoritarismo propias de la dictadura.

El hecho, además de truculento y amenazador, es superfluo. Poca gente parece estar dispuesta al estéril camino de arrojar huevos en una sede social militar frecuentada por jerarcas de la dictadura.

Quizá mucha menos los tenga en estima y quiera compartir con ellos su amistad. Apenas el martes 24, un gran titular del veterano vocero de la dictadura, El País, escribía «Desaparecidos: 14 murieron a consecuencias de la tortura».

¿Es posible imaginar un conjunto de conductas más crueles que la de los que torturaron hasta matar a un ser humano y luego lo negaron, lo ocultaron, lo desaparecieron?

¿Qué otro sentimiento sino desprecio se puede sentir ante tanta atrocidad y tanta cobardía? *