Pueblo y patria

REINALDO GARGANO

 

Mañana 25 de julio se realizará, en todo el país, un paro general de actividades. No escribimos, ex profeso «paro general de los trabajadores uruguayos», porque el gran objetivo es que la detención de actividades sea, efectivamente, general. Es decir que participen en la misma todos los que efectivamente «producen», es decir crean, transportan, comercializan o documentan la riqueza nacional, el patrimonio de todos los uruguayos.

Un paro general tiene sus costos. El principal lo pagan los que dejan, al detener su trabajo, de percibir su salario. Y en general se llega a estas situaciones en momentos límite. Y es que el Uruguay está viviendo momentos extremadamente difíciles, que golpean en forma muy dura a productores rurales, industriales, comerciantes, trabajadores urbanos y rurales. Nunca, efectivamente nunca, se han alcanzado las tasas de desocupación existentes hoy día –15,6%– que llevan el número de uruguayas y uruguayos con problemas de empleo a la sideral cifra del 40% de la población en edad de trabajar (seiscientos cincuenta mil). Nunca como en el presente ha caído en forma tan abrupta el ingreso de los hogares. Nunca como en estos tiempos los industriales, los exportadores han visto confluir tantos factores negativos sobre sus actividades (atraso cambiario, apertura indiscriminada de la economía al exterior, mazazo impositivo tras mazazo impositivo) lo que ha llevado su situación a un callejón que tiene una única salida: cambios sustanciales en las políticas económicas y sociales. Ya no se trata de que el salario no alcanza. Es que no hay dónde ganarlo. Ya no se trata de que la rentabilidad es escasa en la finca del productor rural o la empresa del industrial, o del pequeño o mediano comerciante. Es que no hay nada que se venda en el agro, no hay plata, ni hay quienes compren en las ciudades del Interior y de la capital. El modelo económico que han aplicado durante los últimos quince años los doctores Sanguinetti, Lacalle y Batlle ha hecho trizas el aparato productivo del Uruguay y al mismo tiempo ha dejado a los que venden sin consumidores. Y el paro general responde a esas circunstancias. Ha sonado una alarma general porque es posible que el gobierno lleve al país al despeñadero económico y social. Y hay que evitarlo.

Existen muchos que silenciosa o abiertamente juegan sus cartas a los cargos o a la futura elección del 2004, y algunos gritan «su preocupación por el país» y negocian futuras componendas. Pero el tiempo es otro. Es tiempo de unir a todo lo unible para detener este desastre en marcha acelerada. Porque sobre lo que no tenemos que tener ninguna duda hacia el futuro es que en lugar de cambiar, la estrategia del actual Presidente y sus aliados no es la de cambiar el rumbo, sino la de poner el pie en el acelerador, propiciando no sólo la subasta organizada de la playa de contenedores, sino la entrega al «inversor» privado de la planta «José Batlle y Ordóñez» (¡que ironía!) de UTE, la desmonopolización y privatización de la producción y distribución de combustibles, y faltaba más, entregar todo o parte de Antel, al capital privado. Todo antes del 31 de diciembre de 2001… porque después no se sabe.

Hay que ser extremadamente claros. Entregar todo o parte de Antel es transferir todo o parte de una empresa que le dio al Estado uruguayo 530 millones de dólares. Quinientos treinta millones de dólares es el equivalente al 10% de todo el gasto del Estado. Es una decisión, la de vender su patrimonio, que parecería delirante –igual que lo de UTE– si no fuera, como lo es, cuidadosamente planeada. No es que estén locos. Es que tratan de volvernos locos.

El paro es para parar, para frenar esta lúcida carrera hacia el precipicio. Y para entender –todos– que sin tener en cuenta a todos los que formando parte del pueblo, hacen la patria todos los días, aunque como decía Antonio Machado tengan poco tiempo para hacer engominados discursos alabándola.

Es tiempo de juntar la Patria y el Pueblo. Empezando por el Pueblo, porque sin él no hay Patria.*